La dictadura de Nicaragua ha reforzado su campaña de persecución y hostigamiento contra familiares de periodistas que informan desde el exilio, en un nuevo episodio de represión que agrava el clima de censura y silencio impuesto en el país centroamericano.
Según el último informe trimestral de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), presentado este mes, entre abril y junio de 2025 se registraron al menos 40 casos de violaciones a la libertad de prensa, 28 de ellos en el entorno digital.
El desplazamiento de las agresiones a internet evidencia que la presencia física del periodismo independiente en Nicaragua se ha vuelto prácticamente imposible.
Desde 2018, cuando estallaron protestas sociales que fueron violentamente reprimidas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un férreo control de la información. Más de 293 periodistas se han visto obligados al exilio, principalmente en Costa Rica y España, mientras decenas de medios de comunicación han sido cerrados, confiscados o forzados a cambiar de línea editorial.
El informe subraya que el hostigamiento no se detiene en las fronteras. Muchos periodistas exiliados enfrentan represalias directas contra sus parientes en Nicaragua, lo que ha desatado un ambiente de temor que se traduce en autocensura y restricciones a la labor informativa.
“Hay quienes han decidido no publicar ni siquiera en redes sociales por miedo a que su familia sea citada, amenazada o privada de documentación”, explicó FLED en su informe.
— FLED (@FLED_ong) July 10, 2025
La organización también documentó un aumento de las campañas de estigmatización y propaganda oficial en medios progubernamentales, donde se tilda a la prensa independiente de “enemiga del pueblo”. Narrativas de este tipo se replican en programas de radio y televisión, así como en actos públicos y centros educativos, consolidando un discurso de odio que criminaliza el oficio periodístico.
Uno de los episodios más recientes fue la proyección del documental “100 días de Guerra Contra el Pueblo, promovido en universidades estatales. La pieza propagandística acusa a los medios independientes de tergiversar los hechos de 2018 y respaldar supuestos planes golpistas, reforzando el relato oficial.
El asesinato en Costa Rica del analista político y exmilitar Roberto Samcam, crítico del régimen, encendió nuevas alertas entre periodistas exiliados, que perciben un riesgo creciente de ser blanco de ataques fuera de Nicaragua. Varios comunicadores han adoptado medidas de seguridad adicionales y algunos evalúan solicitar reubicación en otros países.
El informe de FLED denuncia además restricciones migratorias sistemáticas contra periodistas y creadores de contenido que intentan regresar al país por motivos familiares. La negación arbitraria del ingreso, sin justificación oficial, ha alcanzado incluso a profesionales con baja exposición pública.
Desde 2018, la represión se ha traducido en el cierre de medios emblemáticos como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y Radio Darío, cuyas redacciones fueron confiscadas por la policía bajo servidumbre de la dictadura familia Ortega Murillo.
Muchos de sus directivos y reporteros enfrentan procesos judiciales y la amenaza de despojo de su nacionalidad, una medida que el gobierno ha utilizado como herramienta de castigo político.
Pese a este panorama, periodistas nicaragüenses en el exilio continúan informando con recursos limitados y, en muchos casos, sin remuneración. La precariedad económica y la inseguridad jurídica marcan su día a día. Algunos sobreviven con trabajos alternativos, como conductores de plataformas o vendedores ambulantes, mientras otros combinan su labor periodística con pequeños emprendimientos.
“El periodismo en Nicaragua se ha convertido en un acto de resistencia. Informar desde fuera del país también implica asumir un riesgo, porque la persecución cruza fronteras”, advirtió la FLED.
La organización internacional hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija al régimen nicaragüense el cese de la persecución, la liberación de periodistas detenidos y el respeto a las libertades fundamentales.
Desde 2018, Nicaragua vive una crisis de derechos humanos que ha dejado más de 300 muertos, decenas de miles de exiliados y un cierre progresivo de los espacios cívicos, en lo que organismos internacionales describen como una de las peores regresiones democráticas en América Latina.