Las personas que se dedican al activismo en derechos humanos son las que defienden las causas más nobles: la solidaridad y el apoyo a las víctimas de la persecución política, la desaparición forzosa, el hostigamiento, represión, encarcelamiento y censura, como sucede en todas las dictaduras, por ejemplo, en las sesenta que actualmente existen en el mundo, sin excepción; las que se indignan por la suerte de quienes sufren conflictos armados, la violencia criminal, terrorista o política, desplazamientos internos y la discriminación de las minorías; y las que manifiestan empatía con los más desfavorecidos, desde quienes viven en la calle y padecen hambre hasta los que no tienen acceso a la salud, educación, cultura y vivienda, es decir, carecen de igualdad de oportunidades.
La defensa de la democracia, es decir, las libertades civiles y políticas; de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y la convivencia pacífica, es lo que caracteriza al activismo en los derechos humanos. Avalar a dictaduras que criminalizan las libertades fundamentales, como las de expresión, asociación, reunión y participación política, como también prácticas de corrupción generalizada en gobiernos democráticos, que impiden garantizar derechos sociales, como la educación, salud, vivienda y transporte público; y/o sostener modelos dogmáticos y excluyentes en lo político, económico, social y cultural; son incompatibles, en todos los casos, con la defensa de los derechos humanos.
Para que no parezca una abstracción, son precisamente los países que lideran el Índice de Democracia, publicado por The Economist, los que más garantizan el respeto de los derechos humanos, en su carácter indivisible e interdependiente, es decir, en su aplicación integral. Se trata de los países que tienen una alta institucionalidad democrática y niveles de transparencia, combinada con un sistema económico con responsabilidad fiscal que garantiza la iniciativa privada, la inclusión y el bienestar social. Estos mismos países son los que también defienden el carácter universal de los derechos humanos a través de su política exterior y la cooperación internacional.
La Memoria del Nunca Más en Argentina implica defender la democracia, participar en las elecciones, peticionar a las autoridades y ejercer el derecho a la protesta, cuya condición como derecho humano en este último caso debe ser su carácter pacífico; fomentar el diálogo y convivir con las diferencias políticas; empatizar con los socialmente más desfavorecidos; y, en el plano internacional, no ser cómplices del silencio que buscan las dictaduras remanentes y mostrarse solidario con sus víctimas.
En un año de elecciones legislativas en la Argentina, sería saludable que frente a los discursos populistas por derecha e izquierda, aparezcan opciones que defiendan los derechos humanos como agenda de política pública de la democracia.
