La sorpresiva llegada del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Bogotá bajo asilo político, luego de más de un año refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá, es un nuevo capítulo en el patrón sistemático de corrupción diplomática del régimen de Daniel Ortega.
Ortega convirtió las embajadas en búnkeres de impunidad y la nacionalidad nicaragüense en mercancía diplomática. La dictadura nicaragüense ha convertido la nacionalidad, los pasaportes y la protección consular en monedas de cambio para proteger a personajes afines, cuestionados o condenados por delitos, mientras despoja a verdaderos patriotas nicaragüenses de sus derechos ciudadanos.
Con respecto al caso más reciente del mercantilismo de la diplomacia de la dictadura, es evidente que Ortega temía que Panamá le tendiera una trampa a Martinelli a través de la Interpol y no quería quedar mal con su inquilino. Ortega no quería afectar su reputación con su clientela; es decir, con aquellos corruptos o criminales del mundo, dispuestos a pagar los servicios de protección diplomática de la dictadura.
El silencio prolongado de Managua, que provocó la expiración del salvoconducto, revela una desconfianza del dictador hacia un sistema judicial que no puede controlar. Ortega sospechó que Panamá no garantizaría la impunidad de su inquilino. Fue entonces cuando apareció la “solución Petro”: Colombia, con pleno derecho soberano, decidió otorgar asilo. No cuestionamos la decisión colombiana, pues respetamos el derecho internacional de asilo. Pero sí denunciamos la forma en que Ortega ha tergiversado este instrumento, utilizándolo no para proteger a perseguidos políticos, sino para blindar a corruptos con vínculos oscuros.
El caso Martinelli se suma a una larga lista de acciones que demuestran cómo el régimen de Ortega ha pisoteado los principios del derecho internacional. Así como invadió la sede de la OEA en Managua y cerró consulados que prestaban servicios esenciales a la diáspora, ahora pretende proyectar una falsa imagen de defensor del asilo, mientras niega documentos básicos a miles de nicaragüenses en el exilio.
En el fondo, lo que presenciamos es una diplomacia al revés: Ortega rompe con el Vaticano y con Argentina, pero abraza a Siria, Bielorrusia y Corea del Norte. Cierra puertas a los ciudadanos nicaragüenses y abre ventanas para que pasen prófugos con cuentas pendientes. Ortega no busca proteger a los perseguidos, sino protegerse y lucrarse de ellos.
La comunidad internacional debe dejar de ver estas acciones como excentricidades tropicales y llamarlas por su nombre: una estrategia de impunidad transnacional. No se trata solo de proteger a Martinelli. Se trata de consolidar una red de autócratas que se protegen entre sí con pasaportes falsos, narrativas distorsionadas y el escudo diplomático como refugio del crimen.
Desde la Fundación para la Libertad de Nicaragua reiteramos que seguiremos denunciando estas acciones. Mientras Ortega convierte la política exterior nicaragüense en una red clientelar, nosotros reafirmamos nuestra lealtad a los valores de la libertad, justicia, transparencia y soberanía ciudadana.
