La adopción de la tecnología para las redes móviles de quinta generación 5G representa una transformación significativa en la conectividad global, pues brinda grandes oportunidades en sectores de la economía digital, el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la producción y distribución de energía, entre otros. El cambio es extraordinario.
No obstante, su implementación conlleva implicaciones cruciales para la seguridad y el desarrollo de los países. Por ejemplo, la confiabilidad de los protocolos de seguridad para el almacenamiento y la gestión de la información y los datos es un tema de vital importancia para la seguridad nacional y la inversión privada.
En este contexto, la elección de empresas de China para la construcción y operación de estas redes plantea riesgos importantes para la seguridad y la independencia de los países latinoamericanos, dada la estrecha relación entre las empresas de telecomunicaciones chinas (especialmente Huawei y ZTE) y el Partido Comunista chino (PCCh), además del gobierno. Desde hace dos décadas Pekín atesora una indudable influencia en la región, en especial en Sudamérica.
Conforme a su legislación, las empresas tecnológicas de la República Popular vinculadas al 5G están bajo el control del servicio de inteligencia chino. La ley china obliga a las empresas y a los individuos a colaborar en los esfuerzos de inteligencia del gobierno, sin posibilidad de oponerse. Y no sólo eso: incluso en el caso de información privilegiada y sensible, tanto pública como privada, sin que existan garantías de que no se aplique extraterritorialmente.
Esta circunstancia plantea un riesgo significativo en relación con posibles “puertas traseras” que podrían permitir el acceso y la filtración de información y datos, amenazando la integridad de la infraestructura de las redes, la nube y los servidores. Estas vulnerabilidades no solo amenazan la seguridad de los países que adopten las redes chinas, sino que también ponen en riesgo los secretos industriales de las empresas que operan en ellas.
Numerosos países, entre ellos Costa Rica, Rumania, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Estonia, Australia, República Checa y Francia han excluido a empresas chinas como Huawei y ZTE para que sean proveedores de tecnología para las redes 5G. La Unión Europea ha impulsado la adopción de mecanismos como cajas de herramientas para abordar las posibles amenazas asociadas con la tecnología china.
Costos inflados
No sólo hay cuestiones de seguridad. Compañías chinas como Huawei y ZTE han sido señaladas por distintos medios de comunicación de ser responsables de inflar costos, incurrir en demoras injustificadas y llevar a cabo prácticas corruptas, aliándose con gobiernos igualmente corruptos para filtrar información sobre los ciudadanos, especialmente los miembros de la oposición.
En América Latina, Costa Rica fue el primer país en desarrollar una normativa que garantiza la ciberseguridad de las redes 5G, estableciendo requisitos estrictos para los prestadores de estos servicios e incluyendo un régimen de protección a la intimidad y los derechos de los usuarios. Dicho reglamento prohíbe la participación de compañías provenientes de países no suscritos al convenio sobre ciberdelincuencia de Budapest de 2001 en los procesos de licitación de 5G del país. Ello incluye a China y Rusia.
En la región, 21 países participan en la iniciativa geopolítica de la Franja y la Ruta (BRI) de China desde 2013, una estrategia que busca fortalecer la posición global de China mediante el desarrollo de infraestructuras y la cooperación internacional. Sin embargo, la creciente influencia china, especialmente a través de acuerdos comerciales e inversiones, ha generado cuestionamientos. También se ha advertido sobre la Ruta de la Seda Digital. China espera ser líder en tecnología 5G y en inteligencia artificial, expandiendo su poder militar y permitiendo al Ejército de Liberación Popular tener un alcance global para 2027, así como usar la tecnología para normalizar la vigilancia estatal.
Casos como el de Venezuela, Ecuador y Argentina son especialmente ilustrativos de los peligros de la dependencia económica de China, incluida la llamada “trampa de la deuda”. Estos países se han visto atrapados en una espiral de deuda con el gigante asiático, lo que ha llevado a una mayor influencia y control por parte de China sobre las decisiones en asuntos relacionados con las inversiones y los proyectos de compañías chinas en esos países.
Ciertamente, los riesgos en la implementación de la tecnología 5G no puede considerarse únicamente como una cuestión tecnológica. Los aspectos no técnicos como el poder y control sobre las empresas que ejerce el PCCh, así como las obligaciones en materia de seguridad e inteligencia que tienen las compañías ante el gobierno chino, imponen la necesidad de tomar decisiones estratégicas.
Resulta fundamental reconocer estas realidades y los impactos negativos que puede tener en el mediano y largo plazo para la ciberseguridad y el desarrollo del país. Implementar tecnologías 5G únicamente por razones asociadas al bajo costo, o como consecuencia de la gestión de intereses y del lobby de las empresas chinas, constituye un riesgo para la seguridad nacional que América Latina no se puede permitir.
Los gobiernos deben adoptar protocolos que permitan certificar la confiabilidad y las condiciones suficientes de seguridad en los servicios de tecnología 5G, sobre todo garantizar la total independencia frente a la injerencia y control que regímenes autoritarios pueden llegar a tener sobre la infraestructura tecnológica que forma parte de las redes móviles 5G.
Por esta razón, las democracias de América Latina debe avanzar en el desarrollo normativo y regulatorio, así como en una arquitectura institucional que permita garantizar las condiciones suficientes de seguridad, integridad y protección de la información y los datos. Asimismo, es esencial salvaguardar las condiciones de independencia frente a la injerencia que ejerce el PCCh en las empresas chinas que proveen tecnología 5G.
