El reciente anuncio de la derogación de la Ley 840 y la reforma de la Ley 800, por parte del poder legislativo controlado por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, representa un acontecimiento que, a primera vista, podría interpretarse como una admisión implícita de la dictadura del fiasco que significó el ilusorio proyecto del Gran Canal. Sin embargo, una mirada más profunda revela que podríamos estar ante una nueva estafa a los derechos territoriales de los nicaragüenses, más que ante un cambio de curso de la dictadura. Detrás de este giro es casi seguro que estará la mano de las amistades peligrosas de los Ortega-Murillo, particularmente China y Rusia.
Desde el inicio del anuncio del megaproyecto del canal interoceánico por parte de Ortega, numerosos analistas, y yo mismo, advertimos sobre las verdaderas intenciones detrás de la otorgación de la concesión a Wang Jing, un empresario chino cuyas conexiones y solvencia financiera siempre estuvieron rodeadas de interrogantes. Esta concesión no solo era inconstitucional y desproporcionada, extendiéndose por cien años, sino que también configuraba una clara traición a la soberanía nacional. Más aún, se perfilaba como un monumental esquema de expropiación de tierras en la franja del hipotético canal, bajo la fachada de un desarrollo que nunca se materializó.
El proyecto nunca fue sobre el desarrollo o el progreso económico de Nicaragua, sino sobre un desmedido apetito por adueñarse de tierras valiosas, muchas de ellas en áreas protegidas, poniendo en grave riesgo el patrimonio ambiental y territorial del país. La inclusión en la concesión de subproyectos como hoteles, casinos, y proyectos de infraestructura y minería, dejó en claro que el objetivo era beneficiar a unos pocos a costa de muchos, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas.
La caída de Wang Jing, precipitada por sus propios fraudes de miles de millones de dólares y su vinculación con empresas controladas por el ejército chino, no ha hecho más que confirmar las denuncias que desde siempre hicieron organizaciones como el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, llamado también Movimiento Campesino. Ahora, el régimen parece estar en busca de nuevos socios para continuar con su agenda depredadora, bajo el disfraz de correcciones legislativas.
Es crucial entender que la derogación de la Ley 800 y la reforma de la Ley 840 no deben verse como una victoria sin más. Este cambio legislativo, lejos de ser una celebración, debe ser una alerta para todos los nicaragüenses. La historia nos ha enseñado que la dictadura sandinista es experta en el arte del engaño y la manipulación política.
Como nicaragüenses comprometidos con la defensa de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales, no podemos bajar la guardia. Debemos continuar incidiendo, reclamando y trabajando incansablemente por el fin definitivo de cualquier plan que pretenda despojar a nuestras comunidades de sus legítimas tierras y derechos.
La lucha por la justicia y la transparencia no termina con una reforma legislativa; solo acaba cuando se restablece plenamente el respeto por los derechos de todos los ciudadanos bajo un gobierno que verdaderamente sirva al pueblo.
