Hace un par de semanas yo metía las manos al fuego jurando que Honduras, a pesar de tener un gobierno que se relaciona como compadres en fiesta de bautizo con los de Venezuela y el de Nicaragua, estaba lejos de convertirse en un proyecto más de la farsa del chavismo del siglo XXI, o sea, una dictadura arbitraria, represiva, autoritaria y empobrecedora, pero ya no es así.
La semana pasada la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, se dejó lanzar el primer gran paso hacia una dictadura clara y sin tapujos: prohibir manifestaciones públicas en contra de las decisiones gubernamentales. Un escalofrío nacional recorrió por columna vertebral de la Patria. La pregunta es, ¿qué hacemos?
Para ponerlos en contexto, el partido Libertad y Refundación, nació de la unión de varios movimientos obreros, de exmiembros del centenario Partido Liberal y una o dos organizaciones políticas pequeñas a raíz del golpe de Estado que le dieron a José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, esposo de la actual mandataria, en ese entonces afiliado al Partido Liberal, el cual le dio la espalda ante la locura “melista” de convertir el país al chavismo.
Con el tiempo la familia Zelaya se apoderó del partido y, todo lo contrario de ser una entidad democrática, es patrimonio de una estirpe aventajada en las maniobras sucias y descaradas de la política de albañal hondureña. En pocas palabras, les comió el mandado a las otras organizaciones que solo están de apoyo, formando su estructura, pero con muy poca injerencia.
Esto lo digo porque es necesario entender que Libre ha llegado al poder no para administrar la cosa pública y llevar a Honduras por derroteros de democracia, desarrollo con justicia social, desbaratar las estructuras y el sistema de la política anquilosada que tiene al país hundido en la miseria (el país más pobre de la América hispano parlante), sino que ha llegado al poder por pura, clara y descarada sed de venganza de Mel Zelaya.
Los que rechazamos al partido Libre y su regreso a la alta dirección del país, sabíamos que era un peligro inminente por lo mismo, por ese revanchismo, así como su vinculación directa y descarada con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.
Aterrizando en la situación que actualmente preocupa, hace un par de meses anda el anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria paseando por todas partes el cual, si bien tiene cosas buenas como la eliminación de montón de exoneraciones otorgadas sin ton ni son por los gobiernos anteriores, dicho proyecto lleva embebida esa venganza y pretende alzas a los impuestos de forma grosera contra los empresarios, a los que siempre ha acusado de haber apoyado el fatídico golpe, entre otras cosas.
Estos no se han quedado de brazos cruzados y han armado un contraataque utilizando todos los medios a su disposición. La gota que derramó el vaso o, quizá, mejor dicho, la oportunidad que tanto esperaba José “Mel” Zelaya, se dio gracias a una masiva manifestación organizada, obviamente, por los empresarios en el sur del país, en la ciudad de Choluteca, en la cual miles de personas, evidentemente de origen humilde y que ignoran el mencionado anteproyecto, protestaron contra la Ley de Justicia Tributaria.
Más allá de que fue una manifestación artificial, parte de la estrategia empresarial, la presidenta, en la noche, en cadena nacional de medios, ordenó al poderoso y temible Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, conformado por los presidentes de los tres poderes, el Fiscal General, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los servicios de inteligencia del Estado a que “investiguen y lleven a la justicia a los promotores de esa marcha”, por ser la misma un movimiento subversivo que atenta “contra la paz y tranquilidad” de la nación y que, además, ataca directamente al Poder Ejecutivo, que promueve dicha Ley, y al Poder Legislativo, que tendrá que conocer de la misma, intimidándolos y compeliéndolos a no realizar el trabajo que constitucionalmente tienen encomendado.
Esto es tan serio que, hoy sin duda alguna, la presidenta Castro Sarmiento, siguiendo el guion establecido por su marido, ha dado un paso inequívoco hacia la implantación del manual Ortega Murillo en el país.
