Ahora que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entra en una fase decisiva, para el Ejército de Nicaragua comienza una hora incómoda: elegir entre seguir atado a la cúpula o proteger su institucionalidad, sus intereses y el futuro de sus oficiales, tropas y familias.
La señal llega desde Washington con una fuerza poco habitual. El 7 de agosto, los senadores Ted Cruz, republicano de Texas, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, presentaron la iniciativa bipartidista S. 5369, que busca reautorizar y ampliar las sanciones previstas en la NICA Act de 2018. La iniciativa incluye a los funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) entre sus objetivos de sanción y coloca a la cúpula militar ante una definición impostergable.
El proyecto fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Aún no es ley, pero incrementa la presión legal sobre el régimen.
Además, abre la puerta a medidas contra el sector del oro y otros sectores de la economía que Washington determine.
El IPSM no es solo un sistema de prestaciones. Su dimensión económica lo convierte en un componente estratégico de los intereses empresariales vinculados al Ejército. Sancionar a sus funcionarios afectaría una cadena que alcanza a la cúpula militar y al bienestar económico de sus familias.
El mensaje para los oficiales es claro: la lealtad al régimen puede dejar de ser un refugio y convertirse en una carga. La iniciativa propone extender las sanciones salvo que haya una solución política que incluya elecciones libres, competitivas y justas, observación internacional creíble, cese de la violencia contra civiles e investigación independiente de los asesinatos de manifestantes.
También tipifica como conductas sancionables la persecución religiosa y las condenas políticamente motivadas contra actores democráticos, incluidos presos políticos, así como persecuciones y desapariciones. Es la continuación de la política iniciada con la NICA Act de 2018 y reforzada en 2021.
La presión internacional ya no es solo contra Ortega, sino también contra quienes lo sostienen. Para militares que no sean parte de la corrupción, esto plantea la necesidad de visibilizar y afrontar la crisis que puedan enfrentar.
Washington busca ahora cerrar vacíos, con especial atención al oro y a estructuras vinculadas al aparato militar. Para el Ejército, la pregunta trasciende a Ortega: ¿defenderá una institución nacional o seguirá protegiendo a una camarilla viciada y decrépita?
Ahí puede estar la diferencia entre una salida ordenada y una caída arrastrada por el régimen. El proyecto contempla evaluar las condiciones para una eventual transición democrática, incluida la reforma policial, la independencia judicial, el fortalecimiento institucional y la participación de opositores y disidentes en la transición y futuras elecciones.
Ese escenario ofrece a los militares la posibilidad de contribuir a una transición pacífica, preservar la institución y garantizar que quienes no hayan cometido delitos puedan incorporarse al futuro democrático, sin convertir al Ejército en rehén de Ortega y Murillo.
La otra opción es permanecer hasta el final junto a un poder cada vez más aislado y asumir que, cuando caiga la cúpula, también caerán sus privilegios, negocios y patrimonio.
El Ejército aún puede elegir entre ser parte de la solución o víctima de su propia lealtad. La disyuntiva es sencilla: salvar la institución o hundirse con Ortega. ¿Qué pensarán los soldados de salarios miserables ante el derroche de la cúpula, sus familiares y allegados? Nadie está pidiendo que el Ejército se convierta en oposición. Solo que deje de ser rehén.
Los interrogantes también alcanzan a las esposas e hijos de las fuerzas armadas, pues el IPSM garantiza el retiro militar y, por tanto, buena parte de su futuro.
