La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para la mayoría de los países que contaban con este beneficio migratorio. De acuerdo con un informe del Pew Research Center, las medidas afectan a más de un millón de inmigrantes, aunque El Salvador continúa entre las cuatro naciones que mantienen vigente esa protección.
En Centroamérica, Honduras y Nicaragua figuran entre los países cuya designación del TPS fue cancelada. Según el informe, alrededor de 51,000 hondureños y 2,900 nicaragüenses perderán ese beneficio migratorio, el cual había sido otorgado desde 1998 tras el paso del huracán Mitch y posteriormente prorrogado durante varios años.
El estudio señala que la administración Trump argumenta que las condiciones que motivaron originalmente la concesión del TPS ya no existen y sostiene que el programa fue concebido como una medida temporal. No obstante, organizaciones defensoras de migrantes cuestionan esa postura y aseguran que en varios de esos países persisten condiciones de inseguridad, crisis políticas o dificultades humanitarias.
Mientras tanto, El Salvador permanece entre los países que conservan la protección migratoria. El informe estima que unos 170,100 salvadoreños continúan amparados por el TPS, una designación vigente desde 2001 y que fue prorrogada durante la administración del expresidente Joe Biden.
Además de El Salvador, únicamente Ucrania, Sudán y Líbano mantienen el beneficio. En conjunto, estos cuatro países suman aproximadamente 273,200 personas protegidas por el programa. Sin embargo, el Pew Research Center advierte que todas estas designaciones vencerán antes de finalizar 2026 y aún no existe certeza sobre una nueva prórroga por parte de la administración estadounidense.
El informe también destaca que Venezuela concentra la mayor cantidad de personas afectadas por la cancelación del TPS, con más de 615,000 beneficiarios, seguida por Haití, cuyos ciudadanos representan cerca de un tercio del total de inmigrantes que perderán la protección. En ambos casos, la Corte Suprema permitió que las revocatorias entraran en vigor.
Para quienes pierdan el TPS, la administración Trump impulsa mecanismos de “autodeportación” y también ha comenzado a restringir las autorizaciones de empleo, incluso mientras algunos procesos legales continúan en los tribunales. Paralelamente, numerosos inmigrantes buscan alternativas legales para permanecer en Estados Unidos, como solicitudes de asilo o residencia permanente.
Según una encuesta del Pew Research Center realizada en junio de 2025, el 59 % de los estadounidenses desaprueba la decisión de poner fin al TPS para cientos de miles de inmigrantes, mientras que el 39 % respalda la medida. El estudio también refleja una marcada diferencia política: la mayoría de los demócratas rechaza las cancelaciones, mientras que la mayor parte de los republicanos las apoya.
