El salvadoreño Kilmar Ábrego García seguirá en Estados Unidos, al menos hasta inicios de octubre tras la decisión de una jueza federal que suspendió su deportación inmediata a Uganda.
En los últimos días, Ábrego pasó de ser liberado en Tennessee a ser detenido nuevamente en Baltimore por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora busca asilo en Estados Unidos, alegando que teme persecución y tortura si es enviado a Uganda, un país con el que nunca ha tenido vínculos.
La jueza federal Paula Xinis fijó una audiencia probatoria para el 6 de octubre y prohibió que el Gobierno lo expulse antes de esa fecha. La defensa de Ábrego sostiene que la Casa Blanca ha presionado para forzar una declaración de culpabilidad en un caso que, aseguran, “nunca debió abrirse”.
Sus problemas con la justicia
Ábrego de 30 años, llegó a Estados Unidos en 22011 cuando tenía 16 años, para reunirse con su hermano en Maryland. En 2019 se le negó el asilo porque lo solicitó fuera del plazo de un año establecido por la ley migratoria.
Desde entonces ha estado en un limbo legal, con acusaciones de tráfico de personas que él rechaza y que sus abogados atribuyen a una campaña política del Gobierno del presidente Donald Trump.
Las autoridades estadounidenses lo señalan de pertenecer a la pandilla MS-13, un señalamiento que él ha negado de forma rotunda. Mientras tanto, su defensa ha planteado que, en caso de ser deportado, Ábrego preferiría ser trasladado a Costa Rica, país que ha expresado disposición de recibirlo como refugiado.
Muchos le han mostrado apoyo
El caso ha despertado solidaridad en Baltimore donde decenas de personas, incluida su esposa, Jennifer Vásquez Sura, han organizado vigilias y protestas con carteles en los que exigen su libertad.
Sus simpatizantes denuncian que la intención de enviarlo a Uganda, un país con el que no tiene relación, responde a un intento de castigo político.
Este proceso también tiene en la mira la estrategia migratoria del gobierno estadounidense, que impuso acuerdos con países africanos para recibir deportados de terceros países.
El gobierno ugandés ya confirmó que aceptaría el ingreso de Ábrego, lo que ha encendido las alarmas entre defensores de los derechos humanos.
Mientras tanto, la situación de Kilmar Ábrego permanece incierta. Hasta el 6 de octubre, la justicia estadounidense deberá escuchar testimonios de funcionarios de la administración Trump y resolver si el salvadoreño podrá seguir luchando por su caso en territorio estadounidense o si finalmente será deportado.
