Por Raul Zepeda Gil, University of Oxford
Ha comenzado otra guerra contra la droga en América Latina. El recién elegido presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de emergencia y se está recurriendo al ejército para atajar la violencia y el narcotráfico en un país que forma parte de la ruta de contrabando transnacional de cocaína.
Ecuador probablemente se dará cuenta de lo que han hecho otros países de América Latina: las soluciones militares al problema de las drogas ilícitas no funcionan.
Durante décadas, el gobierno colombiano se ha enfrentado a los poderosos cárteles de la droga y a la violencia relacionada con las drogas con una política guiada por una serie de tratados de la ONU que prohíben las drogas y obligan a los gobiernos a perseguir el consumo y la producción con fines recreativos. Estos tratados se conocen como el “régimen de prohibición de drogas”. Bajo el manto de estos acuerdos, EE.UU. ha presionado a los gobiernos latinoamericanos para que apliquen leyes estrictas y tomen medidas enérgicas contra los cárteles de la droga en un intento de hacer frente al narcotráfico y la drogadicción.
Gobiernos como los de México, Colombia, El Salvador y Honduras han utilizado sus ejércitos contra los cárteles de la droga desde la década de 1980.
Sin embargo, el uso del ejército en la región, con operaciones apoyadas por la Agencia Antidroga de EEUU, no ha evitado el aumento de la violencia en la región. En el caso de México, los investigadores han encontrado una relación entre el despliegue de militares en operaciones antidroga y el aumento de homicidios desde 2007. Además, la adicción no se ha reducido en EE.UU. (uno de los resultados esperados de la “guerra contra las drogas”).
Actualmente, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo. Según el informe 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el 34% de los homicidios ocurridos en el planeta durante 2021 tuvieron lugar en América. Muchos de estos homicidios están relacionados con la guerra global contra las drogas.
Algunas administraciones latinoamericanas han empezado a oponerse a las políticas que ilegalizan las drogas. Por ejemplo, Bolivia legalizó la producción indígena de cultivos de coca en 2011. Uruguay y Jamaica legalizaron algunas compras de cannabis en 2014 y 2015, respectivamente. México y Colombia están debatiendo la regulación del cannabis.
Algunos de estos Gobiernos, entre ellos Colombia, México y Bolivia, intentaron presentar un plan para un nuevo enfoque global del consumo de drogas en 2016 en una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, pero sus defensores no lograron convencer a otros países para que permitieran todos los tipos de despenalización de las drogas.
Sin embargo, la asamblea sí alcanzó un acuerdo para permitir a los países regular los usos médicos de algunas drogas anteriormente ilegales, como el cannabis. Ahora, estos países, liderados por el presidente colombiano Gustavo Petro, convocarán una nueva reunión de la ONU para tratar de conseguir más apoyo a un nuevo enfoque de la “guerra contra las drogas”.
El papel de Colombia
Desde principios de la década de 1960, Colombia ha sido el epicentro de la guerra mundial contra las drogas. Conocido infamemente como el centro de producción de la cocaína que trafican las organizaciones criminales regionales, este país está experimentando un proceso de paz en dos frentes: primero, con las guerrillas, y segundo, con los cárteles de la droga.
Petro fue elegido con la promesa de reducir el interminable problema de la violencia. En septiembre de 2023, Petro pidió a su homólogo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ayudara a convocar una nueva reunión de la ONU para revisar el enfoque internacional de las drogas ilegales. Petro también respondía a la presión de las investigaciones mundiales que demuestran que la política actual no funciona. Por ejemplo, los expertos en salud pública de The Lancet han afirmado que la ilegalización de las drogas no ha conseguido frenar su consumo.
Existe un debate de larga duración sobre si proponer el fin de la prohibición de las drogas –y de la guerra contra las drogas como consecuencia– detendrá la violencia y reducirá la adicción dañina. Desde 2011, un grupo de exlíderes mundiales e intelectuales (como los expresidentes de México y Colombia, César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Zedillo) han presionado a favor del fin de la prohibición de las drogas.
Los datos parecen respaldar sus afirmaciones de que perseguir el consumo y la producción de drogas no está reduciendo la adicción. Según el Global Burden of Disease Data, del Institute For Health Metrics and Evaluation, desde finales de la década de 1990, el número de consumidores de drogas con drogodependencia ha aumentado de 40 a 50 millones de usuarios anuales en todo el mundo, a pesar de la “guerra contra las drogas”.
Pero Petro se enfrenta a una ardua batalla para reunir apoyos que desafíen el régimen de prohibición. En septiembre de 2023, los gobiernos latinoamericanos firmaron la declaración de Cali, en la que se pide la celebración de una asamblea de la ONU sobre el problema mundial de las drogas en 2025, un año antes de que finalice la presidencia de Petro. Pero Estados Unidos, que está sufriendo una epidemia de opiáceos a causa del fentanilo, no es probable que se muestre favorable a legalizar más drogas.
El presidente estadounidense, Joe Biden, es menos proclive a abordar la política antidroga con la persecución policial y su enfoque incluye alternativas como el tratamiento de los adictos en clínicas sanitarias en lugar del encarcelamiento. Si en noviembre Donald Trump gana las elecciones presidenciales, es probable que la política de drogas sea más militarizada que nunca. El anterior presidente exploró el uso de la fuerza militar estadounidense en México para hacer frente al contrabando de fentanilo a través de esa frontera.
López Obrador ayudó a organizar la conferencia de Cali de septiembre de 2023, pero a nivel nacional no está llevando a cabo políticas de legalización de las drogas. Sí ha desplegado al ejército mexicano para reforzar la confiscación de fentanilo tras las presiones del gobierno estadounidense.
Petro podría encontrar un aliado en el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. El nuevo presidente argentino se ha declarado partidario de la legalización de las drogas, inspirado por su posición libertaria. Sin embargo, Argentina se enfrenta a un aumento de los índices de delincuencia en algunas regiones y este problema de seguridad podría disuadirle de llevar a cabo la legalización.
Más allá de América, algunos países europeos podrían respaldar la iniciativa, como Portugal, que despenalizó la posesión personal de todas las drogas en 2001. En este país, la posesión se castiga con la confiscación o una multa, pero no con la cárcel.
Si los factores políticos se alinean, Petro podría seguir adelante con sus planes de abordar la guerra mundial contra las drogas de otra manera. Sin embargo, las tensiones internacionales y la reciente guerra en Ecuador han complicado el escenario. Es de esperar que las pruebas científicas obliguen a los países a considerar nuevas opciones.
Raul Zepeda Gil, Lecturer in Development Studies, University of Oxford
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
