Miles de migrantes en Estados Unidos podrían enfrentar más controles bancarios tras una nueva orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump, que busca endurecer la supervisión financiera sobre cuentas vinculadas a inmigrantes y transferencias de dinero al extranjero. La medida ha despertado preocupación entre comunidades latinoamericanas que dependen de las remesas enviadas desde territorio estadounidense.
La orden instruye al Departamento del Tesoro a reforzar los controles sobre las instituciones financieras y revisar con mayor detalle el estatus migratorio de los clientes. Entre los puntos que más inquietud generan está la vigilancia sobre cuentas abiertas con números ITIN y operaciones frecuentes de depósitos o retiros en montos pequeños.
Aunque el decreto no menciona directamente las remesas, sí establece un monitoreo más estricto sobre transferencias internacionales de dinero realizadas por residentes e inmigrantes. Expertos y usuarios consideran que esto podría traducirse en nuevas trabas para enviar dinero a familiares en países de América Latina y Centroamérica.
Para millones de migrantes, tener una cuenta bancaria en Estados Unidos representa una herramienta esencial para organizar gastos, ahorrar y enviar apoyo económico a sus familias. “Me beneficia mucho para hacer mis cuentas y manejar todo”, explicó Jaylin Macías, quien expresó preocupación por los posibles cambios.
La nueva política también permitiría a los bancos solicitar documentación adicional para verificar identidad y situación migratoria. Algunos migrantes temen que esto complique trámites cotidianos como cambiar cheques, realizar depósitos o acceder a servicios financieros básicos.
“Se nos hace que está mal, que no está bien… más difícil para cambiar cheques, poner dinero”, comentó Olivia Rodríguez, reflejando la incertidumbre que la medida ha generado entre trabajadores inmigrantes que dependen del sistema bancario.
El abogado Ray Ybarra advirtió que el impacto podría ir más allá de las remesas y afectar decisiones financieras de largo plazo. Según explicó, los bancos podrían endurecer requisitos para otorgar préstamos, hipotecas o créditos a personas que no sean ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca sostiene que la medida busca reducir riesgos financieros, evitar fraudes y combatir el tráfico humano. Sin embargo, críticos consideran que el endurecimiento podría alimentar el temor entre migrantes y aumentar la desconfianza hacia el sistema bancario estadounidense.
Las agencias federales tendrán hasta 180 días para definir las reglas específicas de aplicación. Mientras tanto, comunidades migrantes en Estados Unidos y América Latina siguen con atención una medida que podría afectar uno de los principales motores económicos de muchos hogares de la región: las remesas.
