Un jurado de Nueva York ordenó indemnizar con más de $112 millones a casi 700 migrantes que fueron retenidos ilegalmente por autoridades locales a petición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La decisión marca uno de los fallos más grandes en materia de derechos civiles relacionados con migración en Estados Unidos.
El veredicto fue emitido el lunes 10 de noviembre contra la Oficina del Alguacil del condado de Suffolk, en el estado de Nueva York. Según el jurado, la entidad violó los derechos constitucionales de 674 inmigrantes al mantenerlos en prisión incluso después de haber pagado sus fianzas.

Cada migrante recibirá una compensación cercana a los $166,000, una cifra que ha sorprendido por el precedente que podría sentar para miles de casos similares. Los detenidos alegaron que fueron víctimas de una “retención ilegal”, ordenada bajo cooperación con el ICE, durante el primer mandato del expresidente Donald Trump.
La demanda colectiva fue presentada en 2017 y tardó casi 8 años en resolverse. Para el abogado José Pérez, de la Coalición Latina de Justicia, el fallo demuestra que “el sistema judicial puede responder, aunque tarde, frente a los abusos cometidos en nombre del control migratorio”.
El jurado consideró que tanto el condado de Suffolk como el ICE violaron la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que garantiza el debido proceso y la igualdad ante la ley. Esta interpretación podría abrir la puerta a nuevas demandas de otros inmigrantes que aseguren haber sido detenidos sin justificación legal.

El caso pone nuevamente bajo la lupa las políticas de cooperación entre agencias locales y federales en materia migratoria, especialmente ahora que el gobierno estadounidense ha endurecido los controles fronterizos. Mientras tanto, organizaciones civiles celebran el fallo como “una victoria simbólica” contra los excesos de las autoridades migratorias.
Aunque el ICE no ha respondido oficialmente al fallo, analistas señalan que este caso podría representar un precedente costoso para la agencia, que enfrenta críticas por el aumento de detenciones prolongadas y denuncias de abusos durante los últimos meses.







