Cuba terminó 2025 con un fuerte deterioro en derechos humanos, al registrar casi 1,200 presos políticos y de conciencia, de acuerdo con un nuevo informe de la organización internacional Prisoners Defenders, que advierte sobre una represión sostenida dentro de la isla y su proyección hacia otros países de la región.
El reporte anual documenta que al cierre de 2025 había 1,197 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, una cifra que confirma, según la organización, la continuidad y profundización de la represión estatal contra la disidencia.
Durante el último año se registraron 134 nuevas detenciones políticas, en un contexto marcado por la falta de garantías judiciales, procesos sin supervisión independiente y el uso sistemático del castigo físico y psicológico como mecanismo de control.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explicó que la lista incluye personas encarceladas sin debido proceso ni defensa efectiva, bajo un sistema que, aseguró, no responde a hechos aislados sino a una persecución estructural desde el Estado.
El informe señala que 1,290 prisioneros políticos pasaron por cárceles cubanas en 2025, todos sometidos a algún tipo de tortura. Solo en diciembre fueron encarceladas diez personas, acusadas en su mayoría de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal usada de forma recurrente contra opositores.
Entre los detenidos hay 128 mujeres y 32 personas arrestadas siendo menores de edad. Además, 464 presos presentan enfermedades graves y 42 padecen trastornos severos de salud mental, sin acceso a atención médica adecuada, según la denuncia.
El documento también condena las sentencias contra 219 manifestantes acusados de “sedición”, con penas promedio de diez años de cárcel, incluidos 16 detenidos cuando aún eran menores, lo que evidencia el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de protección infantil.
Más allá de la isla, la organización alerta sobre la exportación del modelo represivo cubano a Venezuela, con presencia de agentes vinculados a la seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. El informe cierra con un llamado a la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, para adoptar medidas urgentes que protejan a las víctimas y eviten la normalización de estas violaciones.
