Más de 100 migrantes salvadoreños fueron víctimas de tráfico laboral y explotación en condiciones deplorables por parte una empresa de lavandería del estado norteamericano de Virginia, lo que llevó a que cuatro empresarios y gerentes fueran condenados a penas de prisión e indemnizaciones afectados, reveló el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y la Fiscalía de ese estado.
Según la investigación dirigida por DHS, Ana Patricia Landaverde, de 47 años, ciudadana de El Salvador; Jeffrey Dean Vaughan, de 64 años y George William Evans, de 68 años, ambos de Virginia, EEUU; y Salvador Jeronimo-Sis, ciudadano de Guatemala, participaron en una conspiración para albergar, transportar y beneficiarse del empleo de no ciudadanos indocumentados.
Vaughan y Evans, propietarios de Magnolia Cleaning Services, fueron sentenciados el martes a más de cuatro años de prisión y 2½ años de prisión, respectivamente. Ana Aragon Landaverde, gerente de la empresa, fue condenada a casi cinco años de prisión y Salvador Jeronimo-Sis, acusado de fabricar documentos de identidad falsos, fue condenado a casi dos años de prisión.
Landaverde, Vaughan y Evans se involucraron en la trata de personas desde Centroamérica y se beneficiaron del trabajo forzoso. Las sentencias contra los cuatro involucrados incluyen el tiempo de prisión, la restitución para las víctimas y la pérdida de 3,9 millones de dólares.
Adriana Mirarchi, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo que desde entonces las víctimas han recibido recursos para apoyarlas y permitirles ayudar a los investigadores en su investigación. Una de ellas, agregó, es la visa T, una visa que se proporciona a las víctimas de la trata de personas que les permite permanecer en el país por un tiempo limitado y es un camino hacia la ciudadanía.
Sus propietarios y gerentes fueron acusados de operar “una empresa de tráfico de mano de obra” que contrabandeó a más de 100 migrantes de El Salvador, incluidos menores, y los obligó a trabajar bajo amenazas de violencia y deportación, dijeron los funcionarios durante una conferencia de prensa.
“Estas sentencias son un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales trabajan en colaboración”, dijo el agente especial a cargo, Derek W. Gordon.
Maltratos y lavado de dinero
La fiscal del Distrito Este de Virginia, Jessica Aber, dijo que “estos propietarios de negocios se enriquecieron a través de esta brutal empresa utilizando documentos de identificación fraudulentos y lavado de dinero para falsificar sus registros salariales y simplemente beneficiarse de los ingresos”.
“Estas personas mintieron, manipularon y amenazaron a sus víctimas usando el miedo para atraparlas en situaciones inhumanas”, agregó Aber.
La investigación reveló que el trío amenazó a otra víctima con deportación y violencia física mientras la obligaba a pagar el alquiler para vivir en una lavandería comercial donde carecía de acceso a una cocina, ducha o baño.
Según Aber, los migrantes salvadoreños estaban “privados de necesidades básicas de vivienda, como una cocina o duchas” y carecían de aire acondicionado o calefacción en tiempos de calor o frío.
Las autoridades describieron casos de maltrato como cuando la gerente del negocio le arrancó el pelo a una niña de 13 años mientras le ordenaba que volviera a trabajar. Otros adolescentes dijeron a los investigadores que se vieron obligados a pasar por los agotadores turnos nocturnos de 11 horas antes de la escuela. Y una nueva madre fue agarrada por el brazo y sacudida cuando pidió ayuda para cuidar a su hijo pequeño, que estaba atado en su cochecito “con su botella atada a la silla” mientras ella trabajaba, alegan los registros judiciales.
La investigación reveló además que entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2022, los registros de la empresa reflejan aproximadamente 120 empleados con supuestos números de Seguro Social inválidos o no coincidentes, así como pagos salariales de más de 1,2 millones de dólares a esos empleados.
