La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este sábado detener temporalmente la deportación de dos ciudadanos venezolanos que serían expulsados bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 invocada por la administración del expresidente Donald Trump para justificar traslados forzados a El Salvador.
La decisión judicial, tomada en respuesta a una apelación urgente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), instruye al gobierno federal a no remover a “ningún miembro de la supuesta clase de detenidos” hasta nuevo aviso. La resolución fue emitida en una orden breve y sin firmar, como es habitual en casos de emergencia, y contó con el voto disidente de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.
El uso de esta ley, invocada por Trump para deportar a presuntos integrantes de la pandilla Tren de Aragua, ha generado preocupación por su aplicación sin juicio previo ni pruebas concretas. La ACLU advirtió que los migrantes detenidos en un centro del estado de Texas habían sido notificados de su expulsión inminente y que algunos ya habían sido subidos a autobuses rumbo al aeropuerto.
Trump, quien ha acusado al gobierno de Venezuela de “perpetrar una invasión” mediante el envío de supuestos miembros de esa organización, ordenó en marzo la aplicación del estatuto de 1798, una legislación que solo había sido utilizada anteriormente durante las guerras de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Los abogados defensores aseguran que muchos de los deportados no pertenecen a ninguna organización criminal y fueron seleccionados únicamente por tener tatuajes. En respuesta, el tribunal ya había señalado a inicios de mes que los migrantes bajo esta ley debían tener la posibilidad de impugnar su expulsión y recibir un “plazo razonable” para presentar su defensa legal.
La ACLU solicitó que se otorgue un aviso de al menos 30 días para permitir a los migrantes acceder a un recurso de “habeas corpus”, considerado un derecho fundamental en la legislación estadounidense. No obstante, la administración Trump no ha informado cuánto tiempo de preaviso ofrecerá en estos casos.
De concretarse las deportaciones, estas serían las primeras desde que la Corte Suprema autorizó de forma limitada el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, bajo la condición de garantizar el debido proceso. La medida podría derivar en una nueva confrontación institucional sobre los límites del poder presidencial y las garantías constitucionales.
