Una jueza federal de Estados Unidos anuló este miércoles la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para migrantes provenientes de Honduras, Nepal y Nicaragua, al considerar que la medida fue “preordenada y motivada por prejuicios raciales”.
La sentencia fue emitida por la jueza del Distrito de San Francisco, Trina Thompson, quien concluyó que la cancelación del programa para aproximadamente 89,000 migrantes no tomó en cuenta las condiciones actuales de inseguridad y vulnerabilidad en los tres países centroamericanos y asiáticos, y violó el procedimiento estipulado por la ley federal.
“El intento de revocar el estatus legal de decenas de miles de hondureños, nepalíes y nicaragüenses fue ilegal”, afirmó Thompson en su resolución.
Según la magistrada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “tomó una decisión preestablecida y sin base objetiva en las condiciones reales de cada país, tal como lo exige la ley de TPS y el Acta de Procedimientos Administrativos”.
La cancelación del programa había sido anunciada entre junio y julio por Noem, quien argumentó que las naciones beneficiadas ya se habían recuperado de los desastres ambientales que dieron origen al beneficio. No obstante, la jueza indicó que las autoridades no consideraron los “problemas persistentes” que impiden el retorno seguro de los beneficiarios a sus países.
En su fallo, Thompson citó declaraciones del presidente Trump y de Noem, en las que se referían a los inmigrantes como “criminales” y una “carga para la sociedad estadounidense”. Para la jueza, estos comentarios “reflejan estereotipos que perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes buscan reemplazar a la población blanca”.
El TPS fue creado en 1990 y otorga permisos de trabajo y protección contra la deportación a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias extraordinarias. Bajo esta política, la autoridad para extender, cancelar o aprobar el estatus recae en el Departamento de Seguridad Nacional.
Actualmente, según cifras oficiales, el programa beneficia a unos 72,000 hondureños, 13,000 nepalíes y 4,000 nicaragüenses. La anulación de esta decisión representa un revés para los esfuerzos del gobierno de Trump por restringir tanto la migración legal como la ilegal.
La decisión se suma a otras sentencias contrarias a la administración actual. El martes, un juez en Boston también bloqueó la cancelación del TPS para migrantes de Sudán del Sur. Sin embargo, en octubre, la Corte Suprema permitió que el gobierno procediera con la finalización del TPS para cerca de 300,000 venezolanos.
El grupo demandante, la Alianza Nacional TPS, alegó que la medida respondía a “animadversión racial”, argumento que fue considerado como “plausible” por la jueza Thompson en su fallo definitivo.
