La decisión judicial marca un revés para la política migratoria del expresidente y representa un respiro para las familias y defensores de derechos humanos que habían denunciado riesgos graves para los menores si eran enviados de regreso a Guatemala.
La jueza Sparkle Sooknanan había suspendido temporalmente las deportaciones por 15 días, pero en las últimas horas el juez federal Timothy J. Kelly extendió el bloqueo de manera indefinida mientras se mantienen abiertos los procesos de los niños. La medida responde a demandas presentadas por el Centro Nacional de Derecho Migratorio y otras organizaciones.
Los abogados señalaron que el Gobierno de Trump actuó de “mala fe” al sostener que los padres de los menores habían solicitado su retorno. El juez Kelly descartó esa versión al indicar que no existen pruebas de que las familias pidieran el regreso de los niños, muchos de los cuales huyeron de la violencia y el abuso en sus comunidades.
Riesgos para los menores si regresan a Guatemala
Un informe presentado al Congreso de EE. UU. reveló que al menos 30 niños muestran signos de haber sufrido abusos, amenazas de pandillas o trata de personas. Los abogados advirtieron que el retorno los expondría a un peligro real, además de que en Guatemala no hay garantías de acceso a salud, educación ni condiciones básicas de protección.
Actualmente, los menores se encuentran en albergues gubernamentales y hogares de acogida en Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había trasladado a varios de ellos hacia aeropuertos para iniciar su repatriación, pero la orden judicial frenó los vuelos en el último momento.
Bajo la Ley de Protección de Víctimas de la Trata (TVPRA), los menores no acompañados tienen derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de una posible deportación. Según datos oficiales, más de dos mil niños migrantes estaban bajo custodia del Gobierno estadounidense en agosto, aunque no se detalla cuántos son de nacionalidad guatemalteca.
La resolución judicial no solo afecta a Guatemala, sino que envía un mensaje clave a Centroamérica, donde miles de familias enfrentan la migración forzada por violencia, pobreza y falta de oportunidades. Organizaciones de defensa de la niñez advirtieron que este precedente puede influir en futuros intentos de repatriación masiva de menores desde Estados Unidos.