Un ciudadano nicaragüense fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión en una corte federal de San Antonio, Texas, tras ser hallado culpable de transportar y ocultar a más de 400 migrantes indocumentados entre octubre de 2023 y febrero de 2024.
De acuerdo con documentos judiciales, José David Betanco Ramírez, de 37 años, conspiró con otros dos individuos para movilizar y albergar a un promedio de 20 migrantes por semana durante cinco meses.
En junio de 2024, oficiales del Departamento de Policía de San Antonio investigaron un reporte de trata de personas y agresión sexual en una vivienda de la ciudad. Al llegar, confirmaron que el lugar funcionaba como casa de seguridad para tráfico de personas.
En una habitación encontraron a Betanco Ramírez junto a la víctima de agresión sexual, mientras que en otra localizaron a sus cómplices, Leomar José Mendoza Amador (nicaragüense) y Rony José González Amaya (hondureños), además de otro nicaragüense en situación irregular en Estados Unidos.
El lugar apenas estaba amueblado, pero contaba con múltiples camas distribuidas en la sala y cuartos. Un cateo permitió recuperar una bolsa con nueve teléfonos celulares.
Víctima denunció abuso sexual
La investigación reveló que la víctima había ingresado de manera irregular a Estados Unidos pocos días antes del incidente, siendo transportada junto a 60 migrantes, entre ellos mujeres y niños, en la parte trasera de un camión.
Tras ser trasladados a varias casas de seguridad, llegó al inmueble donde se encontraba Betanco Ramírez, quien primero la “apartó” del resto de los hombres y posteriormente la agredió sexualmente en dos ocasiones.
El 3 de abril de 2024, un jurado federal acusó a Betanco Ramírez y a sus dos cómplices por conspiración para traficar y ocultar migrantes indocumentados. Betanco se declaró culpable el 8 de abril de 2025, mientras que Mendoza Amador y González Amaya también admitieron su responsabilidad en el delito de contrabando de migrantes. Ambos fueron condenados anteriormente a 51 meses de prisión federal.
El caso fue presidido por el juez federal Xavier Rodríguez, y anunciado por el fiscal Justin R. Simmons del Distrito Oeste de Texas. La investigación estuvo a cargo de ICE y el Departamento de Policía de San Antonio, mientras que la fiscal Sarah Spears lideró la acusación.