La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) designó el miércoles 25 de junio como un día especial de oración por la Iglesia católica en Nicaragua, en respuesta a la creciente persecución sufrida por el clero bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde que algunas parroquias ofrecieron refugio a estudiantes que protestaban contra la represión policial en 2018, la dictadura nicaragüense emprendió una ofensiva sistemática contra la Iglesia católica, a la que considera una amenaza por su influencia social y su oposición a la represión estatal.
Aunque el protestantismo ha ganado adeptos en las últimas décadas, más del 50 % de los nicaragüenses aún se identifican como católicos, lo que mantiene a la Iglesia como un actor central en la vida del país.
El régimen sandinista ha expulsado o encarcelado a cientos de sacerdotes, pastores y líderes religiosos en los últimos años, dejando a muchas comunidades sin guías espirituales. Además, ha cancelado la personería jurídica de organizaciones religiosas, acosado a feligreses y profanado templos, según el informe más reciente de la Comisión de EE.UU. sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF).
Dicho informe califica como “abismal” la situación de la libertad religiosa en Nicaragua y recomienda al Departamento de Estado mantener al país en la lista de “Países de Preocupación Particular” (CPC, por sus siglas en inglés), una categoría que implica posibles sanciones.
La USCIRF también denunció actos de intimidación, vigilancia a celebraciones religiosas y vandalismo contra iglesias, como la Iglesia Morava, con fuerte presencia indígena en el país.
En febrero pasado, Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, poco después de que un grupo de expertos del organismo publicara un informe que señalaba al régimen de Ortega por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, represión religiosa y desmantelamiento de la democracia.
“Estamos ante una represión metódica contra todo aquel que se atreva a desafiar el poder de Ortega y Murillo”, advirtió Ariela Peralta, una de las expertas que elaboró el informe de Naciones Unidas.
Pese a las denuncias internacionales, el régimen asegura ser víctima de una campaña de difamación liderada por la ONU y la OEA. Rosario Murillo calificó los señalamientos como “calumnias” y “falsedades”, según reportes de Reuters.
El presidente Ortega también nombró a su esposa como co-presidenta este año y consolidó su control sobre los poderes Legislativo y Judicial. Desde 2018, miles de ONG han perdido su estatus legal bajo una cuestionada ley de financiamiento externo, entre ellas numerosas instituciones vinculadas a la Iglesia católica.
