La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes al Papa León XIV revisar con urgencia el acuerdo firmado en 2018 entre el Vaticano y China que otorga a Pekín la facultad de proponer obispos para iglesias controladas por el Estado, y lo instó a presionar al régimen para cesar la represión contra la Iglesia católica clandestina.
Según HRW, durante el luto por el fallecimiento del Papa Francisco el pasado 21 de abril, el gobierno chino avanzó con el nombramiento de un obispo auxiliar en Shanghái y otro en Xinxiang, provincia de Henan, sin el consentimiento del Vaticano, como informó el portal AsiaNews.
“El Papa León XIV tiene la oportunidad de empezar de nuevo con China para proteger la libertad religiosa de los católicos chinos”, declaró Maya Wang, directora asociada para China en HRW. “El nuevo Papa debería presionar para entablar negociaciones que puedan ayudar a mejorar el derecho a la práctica religiosa para todos en China”.
La organización denuncia que los cerca de 12 millones de católicos en China están restringidos al culto oficial bajo la Asociación Patriótica Católica China, una estructura controlada por el Partido Comunista. A su vez, el régimen persigue a quienes asisten a misas en iglesias no registradas, realiza redadas contra templos clandestinos y arresta a clérigos no autorizados.
HRW instó al Pontífice a exigir la liberación inmediata de varios sacerdotes detenidos, desaparecidos forzadamente o bajo arresto domiciliario, entre ellos James Su Zhimin, Augustine Cui Tai, Julius Jia Zhiguo, Joseph Zhang Weizhu, Peter Shao Zhumin y Thaddeus Ma Daqin, según datos del Instituto Hudson.
El acuerdo firmado en 2018, cuyo texto completo permanece reservado, puso fin a décadas de tensión sobre la autoridad para designar obispos en China. Desde entonces, se han nombrado diez obispos de forma conjunta, pero cubren apenas un tercio de las más de 90 diócesis sin jerarcas. A pesar de contar con poder de veto, el Vaticano no ha ejercido esta prerrogativa, ni siquiera cuando China violó el pacto al imponer nombramientos unilaterales en 2022 y 2023, luego ratificados por el Papa Francisco.
La Santa Sede renovó el acuerdo en tres ocasiones, alegando que beneficia “a la Iglesia católica en China y al pueblo chino”, pese al endurecimiento de las restricciones religiosas bajo la política de “sinización” promovida por el presidente Xi Jinping.
Desde la firma del convenio, el régimen ha intensificado el control sobre todas las prácticas religiosas: demolió iglesias, prohibió biblias no autorizadas, restringió aplicaciones religiosas y reprimió a otras confesiones, como el islam en Xinjiang y el budismo tibetano.
HRW recordó que “los católicos chinos que rinden culto en iglesias clandestinas se encuentran entre la ‘gente corriente’ en la que el Papa León ha dicho que la Iglesia debe centrar su atención”. Para Wang, “es fundamental para la libertad religiosa en China que la Iglesia católica se ponga de su lado, y no del lado de sus opresores”.
