Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro, junto con grupos armados oficialistas conocidos como “colectivos”, ha cometido abusos generalizados contra la población venezolana desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue declarado reelecto en medio de serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
El informe titulado “Castigados por buscar un cambio”, de 111 páginas, documenta asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas contra manifestantes, opositores, y ciudadanos comunes que exigían un cambio democrático. HRW sostiene que estos actos forman parte de un patrón sistemático de represión para afianzar el poder del régimen.
Según la organización, al menos 24 personas murieron durante las protestas poselectorales. Las fuerzas de seguridad y los colectivos estarían implicados en estos homicidios. Además, más de 2.000 personas han sido detenidas por protestar, muchas de ellas acusadas de “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos definidos de manera amplia que pueden conllevar penas de hasta 30 años.
Casos documentados incluyen la desaparición del colombiano Manuel Tique, trabajador humanitario detenido en la frontera, y la del turista Lucas Hunter, de nacionalidad franco-estadounidense. También se menciona la detención y tortura del político opositor Jesús Armas, mantenido incomunicado tras ser secuestrado por fuerzas del Estado.
“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado y desaparecido a personas que apostaron por la democracia”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “La comunidad internacional debe presionar para que se rindan cuentas y se liberen a los detenidos arbitrariamente”.
HRW critica además la postura de la administración Trump, que, según el informe, ha priorizado acuerdos migratorios y la liberación de ciudadanos estadounidenses sobre una presión efectiva por los derechos humanos. Esta actitud podría facilitar que el régimen venezolano legitime su poder y profundice la represión.
La organización urge a la comunidad internacional a ampliar el apoyo a organizaciones de derechos humanos, imponer sanciones individuales y respaldar el trabajo de la Misión de la ONU y la Corte Penal Internacional. Asimismo, pide ampliar la protección internacional para los más de ocho millones de venezolanos desplazados por la crisis.
“La situación en Venezuela es la crisis de derechos humanos más grave del hemisferio”, concluyó Goebertus. “Se necesita una respuesta firme, sostenida y basada en principios claros por parte de los gobiernos del mundo”.
