El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar este jueves avisos de la conclusión del estatus migratorio y permisos laborales a más de 500,000 migrantes latinoamericanos.
Trump ordenó la terminación a los más de medio millón de permisos a extranjeros beneficiarios del programa de libertad condicional humanitaria conocido como CHNV —destinado a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela—, según informaron medios estadounidenses.
La medida, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump y confirmada por la Corte Suprema el pasado 30 de mayo, revoca de inmediato la autorización de permanencia temporal y los permisos de trabajo concedidos bajo este programa, establecido en 2023 durante el mandato de Joe Biden.
“El parole humanitario ha sido cancelado y su autorización de empleo basada en ella ha sido revocada, con efecto inmediato”, indica el comunicado oficial del DHS, que ha empezado a notificar por correo electrónico a los beneficiarios.
La subsecretaria Tricia McLaughlin, en declaraciones recogidas por medios conservadores, aseguró que la administración Biden “le mintió a Estados Unidos” al permitir el ingreso de cientos de miles de extranjeros “sin una verificación exhaustiva de antecedentes”, acusando al gobierno demócrata de fomentar el caos migratorio, el fraude y el desempleo.
“Eliminar los programas de libertad condicional CHNV será un retorno a la seguridad pública y a la política de ’Estados Unidos Primero’”, afirmó McLaughlin.
El DHS ha solicitado a los beneficiarios que no hayan regularizado su situación migratoria que abandonen el país voluntariamente y ha ofrecido un incentivo de 1.000 dólares por persona si se autodeportan usando la aplicación móvil CBP One, que además incluye asistencia de viaje. Esta es la primera vez que se implementa un “bono de salida” para migrantes en EE. UU.
El programa CHNV permitía la entrada legal a personas provenientes de cuatro países afectados por crisis humanitarias, incluida la represión política en Nicaragua, la inestabilidad en Haití, y la emergencia económica en Venezuela y Cuba.
Sin embargo, con su anulación definitiva, miles de familias quedarían en riesgo de deportación inmediata, incluyendo a migrantes que habían sido acogidos en EE. UU. con base en las reglas establecidas por la administración anterior.
Organizaciones pro migrantes han criticado duramente la medida, señalando que criminaliza a personas que entraron legalmente y pone en peligro a familias enteras que huyeron de regímenes autoritarios.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch han anunciado que analizan acciones legales ante lo que consideran una “violación de derechos adquiridos”.
