Documentos judiciales difundidos este sábado confirman que el Gobierno de Estados Unidos notificó a los abogados de Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño, su posible deportación a Uganda en los próximos días.
La notificación fue enviada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el viernes, pocas horas después de que un juez ordenara la liberación de Ábrego García en Maryland. Allí enfrenta cargos federales por presunto tráfico de personas. El escrito advierte que la expulsión podría ejecutarse “no antes de 72 horas” a partir de la notificación. Esto abrió un nuevo frente en el caso.
El ciudadano salvadoreño, previamente deportado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, regresó a territorio estadounidense en junio para enfrentar juicio. Sin embargo, funcionarios del Gobierno de Donald Trump han insistido en su expulsión a un tercer país, ahora identificado como Uganda.
BREAKING🚨Kilmar Abrego Garcia was freed from Putnam County Jail and reunited with his family on Friday night. Abrego Garcia saw his family in person for the first time in more than 160 days after he was taken into custody by ICE and sent to CECOT in El Salvador. pic.twitter.com/4Pi15HDYot
— 7News DC (@7NewsDC) August 23, 2025
Argumentos de la defensa
Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego, calificó la medida como un acto de represalia. Según explicó, la decisión de enviarlo a Uganda busca castigarlo por haber impugnado su deportación inicial. La defensa advirtió que en ese país africano Ábrego no tendría condiciones seguras, carece de vínculos familiares y no domina el idioma.
“Este no es un procedimiento de justicia, sino un intento de coerción”, afirmó Sandoval-Moshenberg.
JUST IN: Kilmar Abrego Garcia’s lawyers say the Trump administration is trying to coerce him to plead guilty to the charges he is facing by promising to deport him to Costa Rica — and threatening to deport him to Uganda if he doesn’t. https://t.co/k7nij0G9vX pic.twitter.com/pjGT6pK5vy
— Kyle Cheney (@kyledcheney) August 23, 2025
Alternativa ofrecida: Costa Rica
De acuerdo con documentos judiciales, el Gobierno estadounidense ofreció una alternativa: que Ábrego aceptara declararse culpable de 2 cargos federales, tras lo cual sería deportado a Costa Rica con estatus legal o de refugio. La oferta expiraría el próximo lunes.
Los abogados señalaron que esta condición demuestra un uso “vengativo y selectivo” del sistema migratorio para presionar al acusado a aceptar un acuerdo. También argumentaron que la amenaza de deportación a Uganda busca forzar un resultado favorable al Gobierno antes del juicio en Tennessee.
Marco judicial vigente
El mes pasado, la jueza federal Paula Xinis ordenó que cualquier intento de deportación a un tercer país debía notificarse con al menos 72 horas hábiles de anticipación. La medida buscaba garantizar que Ábrego pudiera presentar reclamos de persecución o riesgo de tortura en caso de ser expulsado.
Los defensores sostienen que este derecho se vulnera con las notificaciones enviadas en paralelo a las negociaciones judiciales.
Contexto político y migratorio
El caso de Kilmar Ábrego se enmarca en la política migratoria de la administración Trump, que busca endurecer las expulsiones y acuerdos con terceros países para recibir inmigrantes considerados “indeseables”. Uganda firmó recientemente un convenio con Washington para aceptar a ciertos migrantes expulsados desde territorio estadounidense.
Mientras tanto, Ábrego mantiene su inocencia. También rechaza los señalamientos de pertenecer a la pandilla MS-13 o de dedicarse al tráfico de personas. Su futuro inmediato depende ahora de la resolución judicial y de las decisiones del DHS en los próximos días.
