Los indicadores vinculados a inseguridad en Ecuador se han agravado de manera pronunciada en el último quinquenio. A modo de ejemplo, según datos reportados por el Igarapé Institute y recogidos también por Statista, su tasa de homicidios por cada cien mil personas ha sido de 26,7 en 2022, lo que representaba un incremento del 288 % considerando como año base 2019.
Este escenario dista enormemente de lo observado hace diez años, cuando profesionales extranjeros cualificados se radicaban en este país por las oportunidades laborales que el mismo presentaba. Otro tanto sucedía con pensionistas/jubilados de naciones desarrolladas, fundamentalmente de Estados Unidos, que aprovechaban el “buen vivir” ecuatoriano para que allí rindiesen mejor sus ingresos mensuales y asegurar mayor dignidad a su vejez.
¿Qué factores han propiciado la actual ola de violencia que el gobierno intenta gestionar a partir de la firma de un decreto ejecutivo que declara la situación de conflicto armado interno?
En primer lugar, la presencia de cárteles del narcotráfico no es reciente. Aunque era silenciosa y mimetizada con el entorno, se sabe que desde la década de 1980 ha habido incursiones de grupos narcotraficantes mexicanos. Ello se ha visto negativamente condimentado por la incursión, en zonas limítrofes, de las guerrillas colombianas que, según señalan distintos expertos en materia de seguridad, fueron profundizando en los últimos decenios sus líneas de contacto con modus operandi propios del crimen organizado.
Desaceleración económica y criminalidad
En segundo lugar, aunque no es una relación exenta de matices, existe profusa evidencia histórica que relaciona desaceleración económica con auge y fortalecimiento de la criminalidad.
Ecuador, en los últimos años, lamentablemente ha desandado un camino en el que tal correlación podría encontrarse presente. La pobreza ha crecido. El Banco Mundial reporta una tendencia semejante para el porcentaje de personas que no logran consumir, diariamente, la cantidad de alimentos requeridos según gasto energético (la cifra pasó de 10,7 % en 2017 a 15,4 % en 2020).
Al mismo tiempo, según reporta Naciones Unidas, la migración neta viene decreciendo desde 2019 (en otras palabras, se han ido acelerando las salidas de individuos en contraste con una disminución en la entrada de personas).
En tercer lugar, esta nación latinoamericana ha sufrido un rápido deterioro en su poder estatal. Los gobiernos de Rafael Correa se caracterizaron (aunque con discutibles balances en materia de calidad democrática que ameritan otro tipo de análisis), gracias a una economía boyante y a claros aciertos a nivel de gestión, tanto por el fortalecimiento de la calidad de los servicios públicos como por el combate, desde el sistema de justicia, al crimen organizado.
Desde la llegada de Lenín Moreno al poder, la centralidad del rol del estado en las relaciones sociales se ha ido empequeñeciendo. Muestra clara de la incapacidad de reacción estatal ante procesos externos tuvo lugar durante la irrupción de la pandemia.
Ecuador, con 36 402 muertes por encima de lo esperado en los primeros nueve meses de 2020, tuvo una de las tasas más elevadas de crecimiento de mortalidad para ese año en el mundo.
En cuarto lugar, en consonancia con el elemento anterior, la sociedad ecuatoriana ha vivido, al menos en los últimos veinte años, en un escenario de profundo enfrentamiento entre proyectos económicos y políticos que dificultan la adopción de estrategias unívocas compartidas a largo plazo en cualquier aspecto de la vida social (también en materia de combate al crimen organizado).
El proyecto V-Dem exhibe que, para su indicador de polarización política, el país presenta una evolución marcadamente negativa desde 1988. Afortunadamente, a nivel discursivo, los episodios de inseguridad que han tenido lugar han acercado posiciones entre representantes de diferentes posiciones políticas e ideológicas. Esto podría ser a medio plazo, aunque suene ahora como una inocente expresión de deseos, el germen que catapulte a una mayor colaboración entre diferentes grupos políticos y corporaciones sociales.
Irrupción de narcotraficantes extranjeros
En quinto lugar, aunque la colaboración interestatal en la región se ha acrecentado tímidamente, existe una marcada carencia de estrategias a largo plazo que permitan gobernar la internacionalización de grupos criminales.
La irrupción de narcotraficantes mexicanos o colombianos con marcada fuerza en el Cono Sur latinoamericano es botón de muestra de que así como personas y empresas cruzan fronteras, también lo hacen cómodamente (y con una reacción estatal que, lamentablemente, dista de ser eficiente) los colectivos criminales. Ecuador ha sido una víctima de las débiles redes de cooperación intrarregional.
Aunque, naturalmente, este breve recorrido no pretende cubrir todos los factores explicativos del actual ciclo de violencia en Ecuador, resulta claro que la expansión del poder de los grupos criminales (comprando voluntades de jueces, policías, fiscales y guardias penitenciarios y alterando el orden público) resulta concomitante al debilitamiento tanto del estado como del mercado ecuatoriano.
El crimen organizado encuentra oportunidades de apoyo social en escenarios en los que otras estructuras no arrojan alternativas para la planificación y puesta en marcha de proyectos vitales. Puestas en escena tan macabras como las que el mundo ha observado en este rico país latinoamericano solamente puede ser combatidas, en el largo plazo, con políticas públicas imbricadas o enraizadas en un modelo de seguridad humana que haga frente al fenómeno de manera integral e incremental.
Pablo Biderbost, Profesor – Departamento de Sociología, Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca y Guillermo Boscán, Assistant lecturer, Universidad de Salamanca
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
