La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes las restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación de las personas candidatas opositoras y de aquellas que protestan para exigir derechos en Venezuela y llamó al Estado a garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica.
La CIDH ejemplifica su preocupación con la inhabilitación el pasado 30 de junio a la candidata opositora María Corina Machado, que está impedida para ejercer cargos públicos e impide que pudiera presentarse para las elecciones presidenciales del 2024. A esta inhabilitación se suman otras de reconocidos dirigentes opositores que aspiran a la Presidencia de la República, como Henrique Capriles y Freddy Superlano.
En el caso de Machado, la contraloría dominada por incondicionales del gobernante ilegítimo Nicolás Maduro impuso la inhabilitación por 15 años.
“Este tipo de inhabilitaciones no son nuevas en Venezuela. En el 2021, en el marco de las elecciones de autoridades regionales y municipales, el Consejo Nacional Electoral rechazó 27 candidaturas debido a inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República. Dicha decisión impactó desproporcionadamente a los partidos políticos disidentes del gobierno, como es el caso del Partido Comunista de Venezuela, con 15 inhabilitaciones, y los partidos de oposición reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que recibieron al menos 3 inhabilitaciones”, recuerda la CIDH.
Maduro gobierna Venezuela sin haber permitido candidatos opositores. El partido de Maduro, PSUV, gobierna Venezuela desde 1999 y desde entonces ha restringido las libertades públicas y violentado los derechos humanos, millones de venezolanos se han visto obligados a exiliarse desde entonces.
La CIDH recuerda que el Estado de Venezuela fue condenado internacionalmente en el caso López Mendoza por este tipo de sanciones.
“Ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesta mediante una condena en el marco de un proceso penal”, señala la CIDH.
La Comisión también denuncia la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales.
“as inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país. La Comisión Interamericana recuerda que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”, subraya el comunicado.
La CIDH urgió al Estado de Venezuela adoptar un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho, levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política en condiciones de igualdad.
