De acuerdo con la Constitución venezolana, el 10 de enero de 2025 debería juramentarse ante la Asamblea Nacional el candidato ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Sin embargo, el ambiente que se vive en Venezuela no se corresponde con la estabilidad y confianza que sería la consecuencia de un exitoso proceso democrático. Es exactamente lo contrario.
Riesgo máximo e inminente
El tiempo transcurrido entre la jornada electoral y la juramentación del cargo ha colocado a los venezolanos en un clima de zozobra y ha puesto en alerta a la comunidad internacional.
Se hace difícil saber qué está pasando tras la aparente pasividad de la población y cuáles son conflictos en el seno del proceso revolucionario. Esto obedece a la cautela ante el aparato represivo estatal y a la aparente falta de opciones políticas que den una solución al conflicto.
En este sentido, la recién aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, muestra el temor del gobierno a las reacciones que se produzcan el 10 de enero.
Dicha ley proclama que su objetivo es:
“Proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la Nación, que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios, los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y a un desarrollo económico independiente y sostenido”.
Si esta es la justificación de la Ley Bolívar es porque existe la plena convicción de que hay un riesgo máximo e inminente. Entonces, ¿cuál es la normalidad posible en 2025?
Factores geopolíticos
Cualesquiera sean las hipótesis de lo que pueda suceder en Venezuela el próximo 10 de enero, la juramentación presidencial activará la crisis. Aunque resulte aparentemente inevitable la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, la información oficial y la difusión de bulos hacen pensar en la aparición de nuevos conflictos sociales, económicos y políticos.
Si estos posibles enfrentamientos internos se conjugan con factores geopolíticos externos, entonces parece inviable un nuevo mandato de seis años. Los procesos en Ucrania y Siria han debilitado a Rusia y anulado el régimen sirio, dos de los principales aliados internacionales del gobierno bolivariano de Venezuela.
Además, 2025 trae la peor noticia posible para el imaginario revolucionario de Venezuela: la vuelta de Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, con Marco Rubio (hasta ahora senador republicano por Florida y firme defensor de las sanciones a Venezuela) como secretario de Estado.
Normalización aparente
En este periodo previo a la juramentación del 10 de enero, la estrategia desarrollada por los factores que controlan el poder ha sido dual, aunque complementaria. Por un lado, se ha impuesto la normalización del país (desde la puesta en libertad de muchos de los encarcelados tras las elecciones de julio hasta dar inicio oficialmente a la Navidad el 1 de octubre). Por el otro, se ha desatado la persecución contra activistas y opositores.
Dada la disparidad en las estrategias, resulta evidente que el esfuerzo de normalización no va a dar frutos. Así, las partes de la unión cívico-militar-policial perfecta a la que se refiere el liderazgo revolucionario como factor básico de su sostenimiento van a tener que ponerse de acuerdo.
No se trata ya de diseñar un plan de contención, sino de definir una estrategia transicional para superar la permanencia en el poder de un cabecilla agotado. El punto de partida ha de ser la selección de un sustituto, elegido en el seno de alguna de las tres bases del poder revolucionario.
La guerra económica
Una de las fuentes de ingresos más importante para una parte de la población de Venezuela (donde el ingreso mínimo, a finales de diciembre de 2024, no llega a los 3 dólares mensuales) es el bono contra la guerra económica, justificado formalmente por la “agresión de potencias extranjeras, instigada por factores políticos internos con intereses particulares”.
El señalamiento anterior resulta incoherente con la mejor noticia económica del año para Venezuela: aunque su inflación sea una de las mayores del mundo, ha entrado en una senda decreciente.
De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central de Venezuela, “en octubre de 2024, la variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue 4,0 %, mayor que el registro de septiembre (0,8 %). No obstante, al comparar el resultado reciente con respecto a los ocurridos en los meses de octubre desde que se construye el INPC (año 2008), resulta menor con respecto a octubre de 2023 (5,9 %) y el más bajo desde octubre de 2012 (1,7 %)”.
Encrucijada 2025
Para Venezuela, el camino de 2025 se abrirá con una encrucijada en la que no hay indicadores visibles que permitan escoger entre las vías alternas.
Ni siquiera se trata de que la desmembrada sociedad venezolana deba tomar una decisión porque esta ya decidió, de manera indubitable, el 28 de julio de 2024.
La alianza cívico-militar-policial se cree en guerra. La realidad es que esa guerra podría hacerse real si no se cambia el rumbo de sombras que se ciernen sobre el piso económico y el horizonte político venezolano. Y se tiene que cambiar ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Tulio Alberto Álvarez-Ramos, Profesor/Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela., Universidad Católica Andrés Bello
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
