La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció el lunes que ha retirado de su Registro de Naves a más de 650 buques desde 2019, en el marco de sus esfuerzos por cumplir con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y reforzar la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Las acciones forman parte de una política de vigilancia reforzada sobre las embarcaciones con bandera panameña, la cual ha incluido la cooperación directa con el Gobierno de Estados Unidos, tanto a través de su embajada en Ciudad de Panamá como mediante enlaces con el Departamento de Estado. Esta colaboración abarca asuntos clave como la seguridad marítima y el control del registro naval.
Un total de 214 embarcaciones han sido retiradas del registro de buques de Panamá, uno de los más grandes del mundo, desde que comenzó a implementar nuevas normas el año pasado para hacer cumplir las sanciones, según informó el gobierno panameño. En marzo de 2025, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó la cancelación de 107 registros de embarcaciones de bandera panameña incluidas en listas de sanciones internacionales, como parte de una medida para proteger la reputación del país en el ámbito marítimo global.
Panamá tiene registrados 8.882 buques, lo que genera ingresos anuales por $112 millones, según la AMP.
En agosto de 2019, Panamá firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) denominado “Registro de Intercambio de Información” (RISC), junto a países como Liberia, Vanuatu, Islas Marshall, Dominica, Antigua y Barbuda, y Moldavia. El acuerdo establece mecanismos para compartir información sobre embarcaciones sancionadas, permitiendo a los países miembros tomar medidas coordinadas contra actividades que atenten contra los intereses de la comunidad marítima internacional.
Tras la firma del MOU, la AMP emitió una resolución que impone sanciones a los buques que desactiven intencionalmente sistemas obligatorios de rastreo como el LRIT (Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance) y el AIS (Sistema de Identificación Automática), herramientas clave para garantizar la transparencia operativa y la seguridad marítima global.
Además, Panamá implementó nuevos y rigurosos requisitos para las operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque (STS), con el objetivo de prevenir la evasión de sanciones internacionales. Estas nuevas regulaciones están alineadas con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Convenio MARPOL, lo que refuerza el compromiso panameño con la sostenibilidad y la legalidad en el transporte marítimo.
