En la calle principal del comercio, en Masaya, una de las zonas más tradicionales de Nicaragua, las vitrinas llenas de productos chinos y letreros con elementos asiáticos, han sustituido a las viejas pulperías familiares (tiendas de barrios) que durante décadas fueron el corazón del comercio local.
Lo que muchos comerciantes llaman ya una “invasión económica silenciosa” ha tomado fuerza desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Nicaragua y China en enero de 2024. En menos de un año, más de 400 negocios chinos se han establecido en distintas ciudades del país, según estimaciones de medios independientes y asociaciones de pequeños comerciantes.
La mayoría de estas tiendas han sido abiertas por empresarios asiáticos en alianza con nicaragüenses cercanos al oficialismo, aprovechando exenciones fiscales, facilidades aduaneras y un contexto regulatorio favorable, mientras los pequeños comerciantes locales enfrentan un ambiente restrictivo y fiscalmente hostil.
“Nosotros pagamos impuestos municipales, tenemos que sacar permisos, pagar rótulo, seguridad, renta… ellos llegan y ya tienen todo listo, como si les abrieran el camino desde arriba”, denuncia doña Marina, dueña de una pulpería en Masaya desde hace 18 años, quien ha visto caer sus ingresos a la mitad desde la llegada de dos negocios chinos a tres cuadras de su local.
El TLC firmado entre Managua y Pekín abrió las puertas a la libre circulación de mercancías, lo que ha permitido a estos nuevos comercios importar masivamente productos de bajo costo: desde electrodomésticos hasta alimentos y bebidas, con precios que, en muchos casos, están por debajo del costo que pagan los pulperos al mayorista local.
“La caja de aceite que yo compro a 1,300 córdobas, ellos la venden a 1,100 al público. ¿Cómo compito con eso?”, se pregunta Julio, un pequeño comerciante en Granada. “Y lo más triste es que la gente se va con ellos, porque nadie está en condiciones de pagar más, aunque uno sea del barrio”, lamenta.
Según reportes de La Prensa y Confidencial, la llegada de estos negocios ha sido favorecida por políticas oficiales que otorgan exoneraciones de aranceles y tributos municipales a las nuevas inversiones chinas, en el marco de la “cooperación estratégica integral” promovida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2021, cuando Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y estableció lazos plenos con la República Popular China.
Los beneficios no se han limitado al ámbito fiscal. El acceso preferencial a espacios comerciales, permisos acelerados y transporte logístico gestionado desde puertos y aduanas son parte de las ventajas que, según denuncias, colocan a los nuevos comercios chinos en clara ventaja competitiva.
Los medios de comunicación e influencers controlados por la dictadura Ortega-Murillo promueven ampliamente en sus programas los nuevos negocios chinos y hasta publicitan productos y plazas de empleos.
En contraste, los pequeños comerciantes nacionales deben lidiar con fiscalización constante de los cobradores de las alcaldías, aumentos en las tasas municipales, elevados costos de energía y una economía informal saturada.
“La alcaldía de Rivas me cobra más por el rótulo que por lo que yo vendo al día. Y si no pago, me clausuran”, afirma don Guillermo, pulpero desde hace más de 30 años. Para sobrevivir, ha tenido que abandonar las marcas industriales y vender refrescos naturales de cacao, tamarindo y avena, apostando a lo artesanal y lo tradicional.
Sin embargo, no todo ha salido como se esperaba para los nuevos negocios. En varios barrios de las principales cabeceras del país, comercios chinos han tenido que cerrar por falta de clientela, según las denuncias y reportes lanzados en redes sociales, último reducto de la libertad de expresión ante la falta de medios de comunicación independientes en el país.
Aunque no existen cifras oficiales, los testimonios de vecinos y publicaciones en redes sociales apuntan a una suerte de “boicot silencioso” por parte de la población, como forma de protesta social ante la evidente desigualdad de condiciones.
“En mi barrio abrieron uno y pocos les compraba. Cerraron a los tres meses. La gente decía: ‘mejor el pulpero, aunque sea más caro, él me fía’”, cuenta Marlen, comerciante de un barrio del distrito V de Managua.
Este fenómeno cultural de rechazo discreto ha sido interpretado por algunos analistas como una expresión de resistencia social frente al modelo de apertura comercial impuesto por el Gobierno, que privilegia a socios extranjeros mientras desprotege a los sectores históricos de la economía informal.
El TLC con China ha sido presentado por el Ejecutivo como una vía para dinamizar la economía y atraer inversiones, pero en la práctica, sus beneficios parecen concentrarse en un grupo reducido de empresarios, muchos de ellos con vínculos políticos.
A la par, la pequeña economía barrial, representada por las pulperías, resiste como puede: reinventando sus productos, cerrando sus puertas o esperando tiempos mejores.
“La pulpería es parte del alma del barrio”, concluye Julio, el comerciante de Granada que heredó de su padre el “changarro” a como suele llamar el pequeño negocio. “Pero ahora quieren que compitamos con gente que trae todo casi gratis, con permiso del Gobierno. Así no se puede”.
En las esquinas de los pueblos, entre botellas de vinagre casero y frescos naturales, las pulperías luchan por no desaparecer. Y en ese esfuerzo silencioso, se juega también la supervivencia del tejido social más íntimo de Nicaragua: el del comercio de cercanía, la solidaridad entre vecinos y la resistencia al olvido.
