El Gobierno de Guatemala anunció un paquete de medidas para mitigar el impacto del alza global de los combustibles en la economía, incluyendo subsidios directos al diésel, la gasolina y el gas propano. Las iniciativas, que aún deben ser aprobadas por el Congreso, buscan contener la inflación y aliviar la presión sobre los hogares en medio de un contexto internacional adverso.
El presidente Bernardo Arévalo presentó la propuesta como una respuesta temporal a la crisis energética global, que ha elevado el costo de vida en el país. Según explicó, el objetivo es proteger a las familias y mantener la competitividad económica sin generar distorsiones a largo plazo.
La medida central contempla un subsidio de 8 quetzales (aproximadamente 1,03 dólares) por galón de diésel y 5 quetzales (alrededor de 0,64 dólares) por galón de gasolina durante un período de tres meses. Este apoyo se aplicaría directamente en los puntos de venta, sin trámites adicionales para los consumidores.
Además, el Ejecutivo impulsa un subsidio de veinte quetzales (unos 2,57 dólares) por cilindro de gas propano de 25 libras, el más utilizado en los hogares guatemaltecos. Este beneficio tendría una duración de seis meses y busca aliviar el gasto doméstico en energía.
Como parte del plan, el Ministerio de Energía y Minas habilitó una plataforma pública para comparar precios de combustibles en tiempo real, con el fin de mejorar la transparencia y fomentar la competencia en el mercado. Paralelamente, se intensificaron controles en puertos clave para reducir costos de importación.
El Gobierno también propuso una ley para promover el teletrabajo en el sector público y privado, con el objetivo de reducir la movilidad y el consumo de combustible. Esta iniciativa busca no solo responder a la coyuntura actual, sino también modernizar el mercado laboral en Guatemala.
Las medidas serán discutidas en el Congreso en sesiones extraordinarias, donde se espera definir su viabilidad y posible implementación inmediata. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en la urgencia de actuar ante una crisis que ya impacta directamente en los precios y en el poder adquisitivo de la población.
