El informe preliminar de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), publicado el 20 de octubre, que propone aranceles del 100% e incluso excluir del Tratado de Libre Comercio a Nicaragua, marca un punto de inflexión para la economía nicaragüense, a criterio de expertos en economía y política.
La investigación, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluye que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene prácticas “irrazonables y restrictivas al comercio” por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, laborales y de propiedad.
Juan Sebastián Chamorro, economista y exiliado político, califica el informe como “el más contundente y peligroso para la economía nicaragüense desde la aprobación del CAFTA”.
Advierte que las consecuencias serían “devastadoras”, pues el país “no tiene con quién sustituir su relación comercial con Estados Unidos”.
El documento sugiere sanciones sin precedentes: la suspensión total o parcial del CAFTA-DR o la imposición de aranceles de hasta el 100 % a las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos. Si estas medidas se concretan, supondrían la ruptura del principal vínculo comercial del país y el derrumbe del frágil modelo exportador que sostiene al régimen.
Un proceso con consecuencias globales
El proceso abierto por el USTR incluye una fase de consulta pública que culminará el 19 de noviembre de 2025, antes de que el informe definitivo llegue al escritorio del presidente de Estados Unidos.
La decisión final, según establece la ley 301, dependerá exclusivamente del mandatario.
“Estamos ante un escenario extremadamente serio”, explica Chamorro. “El solo hecho de que el informe sea público ya genera un efecto negativo en la confianza de los inversionistas, quienes deberán reevaluar su presencia en Nicaragua”.
El documento cita más de 160 testimonios y múltiples fuentes internacionales para sustentar la acusación de que el régimen ha violado los derechos de trabajadores, empresarios y ciudadanos.
Entre los casos mencionados están las confiscaciones a la iglesia evangélica Puerta de la Montaña, donde se decomisaron bienes valorados en cinco millones de dólares y documentos de ciudadanos estadounidenses, y Riverside Coffee, despojada arbitrariamente de una finca de aguacates.
Derechos laborales y represión económica
El informe dedica un capítulo completo a las violaciones laborales. Señala que el régimen “no ha hecho nada o muy poco para erradicar el trabajo infantil” en sectores como el café, la minería y la construcción.
También documenta la represión sindical y el desmantelamiento de las cámaras empresariales y asociaciones gremiales.
El reporte vincula estas acciones con una “depresión salarial deliberada” que genera competencia desleal con los trabajadores estadounidenses, una violación directa a los compromisos del CAFTA-DR.
A ello se suman las reformas a la seguridad social, el uso arbitrario de fondos de pensiones y el cierre de miles de organizaciones civiles, configurando un patrón de abuso sistemático.
Consecuencias sobe el empleo
Para Félix Maradiaga, politólogo y director de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, la decisión estadounidense “no es contra el pueblo, sino contra un régimen que ha destruido toda confianza jurídica y alejado la inversión”.
Reconoce el impacto que estas sanciones tendrán sobre el empleo, pero afirma que “son una consecuencia directa del autoritarismo de Ortega y Murillo”.
Maradiaga subraya que “ninguna economía puede sostenerse sobre la represión”, y llama a la sociedad civil y al sector privado a participar en el proceso de consultas abiertas por la USTR “para que el mundo escuche las voces de los nicaragüenses libres”.
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El fin del modelo de zonas francas
El golpe más inmediato recaería sobre el régimen de zonas francas, el motor de las exportaciones nicaragüenses. Este sector emplea a más de 120,000 personas y depende casi por completo del mercado estadounidense.
Si se suspenden los beneficios arancelarios del CAFTA, la mayoría de las maquilas tendrían que cerrar o trasladarse a otros países de Centroamérica, donde la estabilidad política y el acceso preferencial a Estados Unidos estén garantizados.
“Los aranceles del 100 % harían imposible competir”, señala Chamorro. “Las prendas, el calzado y los productos manufacturados nicaragüenses quedarían fuera del mercado estadounidense de un día para otro. El país perdería miles de empleos en cuestión de semanas”.
A corto plazo, el impacto se extendería a los puertos, transportistas, proveedores agrícolas y empresas logísticas vinculadas a las exportaciones.
El derrumbe del comercio con Estados Unidos significaría una caída inmediata en la recaudación fiscal y en el ingreso de divisas, justo cuando el país enfrenta una fuga de capitales y un aumento del costo de vida.
Dependencia total de Norteamérica
Los datos del primer semestre de 2025 confirman la magnitud de la dependencia. Estados Unidos absorbe el 37 % de las exportaciones nicaragüenses, mientras Canadá representa el 15 %. En conjunto, ambos países concentran más del 50 % de las ventas externas.
En contraste, los aliados políticos del régimen —China, Rusia, Irán, Venezuela, Corea del Norte y Cuba— apenas compran el 4 % de los productos nicaragüenses.
“Las alianzas ideológicas no pagan las facturas”, ironiza Chamorro. “Podrán tener afinidad política, pero no hay demanda ni infraestructura comercial que compense la pérdida del mercado norteamericano. Sin el CAFTA, Nicaragua se queda sin oxígeno”.
En 2024, las exportaciones totales del país rondaron los 7 000 millones de dólares, de los cuales más de 3 000 millones provinieron directamente del comercio con Estados Unidos.
La suspensión de esos flujos dejaría al Banco Central sin su principal fuente de divisas y provocaría una depreciación inmediata del córdoba, aumentando la inflación y los precios de los alimentos.
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Europa también presiona
El panorama internacional se agrava con las recientes resoluciones del Parlamento Europeo, que el 14 de octubre pidió formalmente a la Comisión Europea revisar el Acuerdo de Asociación con Centroamérica (AdA).
Además pidió suspender los beneficios comerciales a Nicaragua por las mismas razones: violaciones a los derechos humanos y el Estado de derecho.
Por primera vez, tanto Washington como Bruselas evalúan medidas comerciales coordinadas contra Managua. De concretarse, Nicaragua quedaría aislada de sus dos principales bloques económicos y sometida a un embargo comercial de facto.
“Es un mensaje claro y contundente”, comenta Maradiaga.
“El mundo democrático ha decidido cerrar el círculo económico alrededor de la dictadura. Sin comercio, sin inversión y sin crédito, el régimen solo podrá sostenerse por la represión interna”, subraya Maradiaga.
Efectos inmediatos y escenario catastrófico
A corto plazo, los expertos coinciden en que las empresas estadounidenses y europeas revisarán sus operaciones y contratos con Nicaragua para evitar riesgos legales.
Algunos compradores podrían suspender pedidos o redirigirlos a Honduras, El Salvador o República Dominicana, países que seguirían gozando del trato preferencial bajo el CAFTA-DR.
El impacto se sentiría también en las remesas, una fuente que representa más del 25 % del PIB. “La pérdida de empleos en zonas francas empujará a más personas a migrar”, advierte Chamorro.
“La economía se contraerá y el régimen tendrá menos recursos fiscales para sostener su aparato policial y propagandístico”, subraya.
En el escenario más severo, el cierre del acceso preferencial al mercado estadounidense podría provocar una recesión superior al 10 % del PIB en 2026, acompañada de una caída del empleo formal y una ola inflacionaria sin precedentes desde los años noventa.
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Un aislamiento irreversible
El informe de la USTR también señala un dato simbólico: Nicaragua es el único país del CAFTA-DR con superávit comercial respecto a Estados Unidos, es decir, exporta más de lo que importa.
Para los analistas, este detalle aumenta el peso político de las medidas, pues Washington estaría golpeando directamente a un socio que se ha beneficiado del tratado mientras se aparta de sus valores democráticos.
“Ortega y Murillo han convertido el CAFTA en un salvavidas para sostener su dictadura”, apunta Chamorro. “Pero ese salvavidas se está desinflando rápidamente. Sin el mercado estadounidense, no hay modelo económico que aguante”.
