El Gobierno de Estados Unidos dio un paso sin precedentes en su política comercial hacia Nicaragua al determinar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha violado la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y los acuerdos del CAFTA-DR.
La Casa Blanca argumenta que aplicará sanciones debido a sus “acciones, políticas y prácticas” relacionadas con abusos a los derechos laborales y humanos, restricciones a las libertades fundamentales y el desmantelamiento del estado de derecho.
El anuncio, divulgado este 20 de octubre de 2025 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), establece que estas prácticas son “irrazonables” y “obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.
La decisión abre la puerta a la suspensión de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) y a la imposición de aranceles punitivos a las exportaciones nicaragüenses.
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Medidas de respuesta propuestas
La USTR propuso cuatro opciones de respuesta, sujetas a consulta pública hasta el 19 de noviembre de 2025. Entre ellas se incluye la posibilidad de suspender totalmente los beneficios arancelarios del CAFTA-DR para Nicaragua, con efecto inmediato o de forma gradual durante los próximos doce meses.
Otra alternativa contempla una suspensión parcial de los beneficios, limitando el acceso preferencial a determinados sectores.
Además, baraja dos opciones adicionales que prevén la aplicación de aranceles de hasta el 100 % a las importaciones nicaragüenses, ya sea de manera total o selectiva por sectores productivos.
La decisión definitiva podría adoptarse una vez concluido el proceso de comentarios públicos. El informe técnico completo, emitido por la USTR, reúne los testimonios y pruebas que sustentan la determinación contra Nicaragua.
Investigación con base en derechos humanos y laborales
La investigación bajo la Sección 301 fue iniciada el 10 de diciembre de 2024, tras recomendaciones del Comité 301 y consultas con agencias federales y asesores del sector privado.
De acuerdo con el expediente oficial, se recibieron más de 160 comentarios y testimonios durante las audiencias públicas.
Los documentos recogen denuncias de violaciones sistemáticas a la libertad sindical, represión contra líderes gremiales, confiscación de organizaciones sociales y cierre de espacios de diálogo laboral. También se incluyen referencias a la persecución judicial y encarcelamiento de opositores políticos, religiosos y defensores de derechos humanos, así como al control total del poder judicial y del Ministerio Público por parte del Ejecutivo.
El informe destaca que tales prácticas “no solo vulneran derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, sino que también distorsionan las condiciones de competencia y comercio justo”, afectando el clima de inversión regional y las relaciones económicas con Estados Unidos.
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Contexto del deterioro institucional
Desde 2018, Nicaragua ha enfrentado una profunda crisis política tras la represión de protestas cívicas que dejó más de 350 muertos y miles de exiliados, según organismos internacionales.
En los años siguientes, el régimen de Ortega-Murillo ha cerrado más de 3 000 organizaciones civiles, universidades y medios de comunicación, mientras confisca propiedades privadas y encarcela a críticos, periodistas y líderes religiosos.
La represión ha sido documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN), que calificó los abusos como crímenes de lesa humanidad.
En este contexto, Washington ha incrementado la presión diplomática y económica mediante sanciones individuales y restricciones financieras.
Sin embargo, la aplicación de la Sección 301 introduce una nueva herramienta comercial con impacto directo en el intercambio bilateral, particularmente sobre el sector textil, agrícola y minero nicaragüense.
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Graves repercusiones económicas
Nicaragua exporta anualmente más de 4 000 millones de dólares a Estados Unidos, su principal socio comercial, y más del 70 % de esos envíos se benefician del régimen preferencial del CAFTA-DR.
La suspensión de estos privilegios arancelarios o la imposición de nuevos gravámenes podría afectar miles de empleos en zonas francas y manufactura ligera, así como reducir el ingreso de divisas en un país altamente dependiente de las exportaciones y las remesas.
El informe del Tesoro y la USTR subraya que las medidas no pretenden castigar al pueblo nicaragüense, sino presionar al régimen para que “restaure el respeto al estado de derecho, los derechos laborales y las libertades fundamentales”.
Sanciones igual que a China y Rusia
Estados Unidos, que ha usado la Sección 301 en casos con China, Cuba, Rusia y Venezuela, advierte que el aislamiento internacional del régimen Ortega-Murillo podría profundizarse si persiste el deterioro de la situación interna.
La decisión marca así un nuevo punto de inflexión en las relaciones bilaterales, que combina la política de derechos humanos con la estrategia comercial, y sitúa a Nicaragua como el primer país de Centroamérica sometido a una acción punitiva de este tipo bajo la Ley de Comercio de 1974.
