El gobierno salvadoreño finaliza este mes su participación en bitcoin como parte de acuerdo con FMI

Además, el programa contempla una agenda de reformas al sistema previsional y propuestas de impuestos.

El FMI ha recomendado a El Salvador un solo marco legal que centralice la regulación de bitcoin y criptomonedas.

Después de cuatro años de que El Salvador hiciera historia al colocarse como el primer país en adoptar el bitcoin como moneda legal, este mes el gobierno debe completar el proceso de salida de su participación en el ecosistema de criptoactivos como parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la firma para el programa de Servicio Ampliado (SAF) por $1,400 millones, el gobierno se comprometió con el FMI a desarticular su participación en las actividades vinculadas a la criptomoneda después de férreas negociaciones desde 2021 en las cuales incluso el presidente salvadoreño Nayib Bukele calificó al FMI de injerencia cuando recomendó eliminar la categoría de uso legal.

En el informe final de la primera revisión al cumplimiento del SAF, publicado el 15 de julio, las autoridades salvadoreñas presentaron un plan de salida a finales de julio en la administración del monedero Chivo, creado en septiembre de 2021 para acompañar la adopción del bitcoin.

El FMI acompaña al gobierno salvadoreño con una asistencia técnica para abordar los “problemas pendientes” relacionados con la protección de activos antes de finalizar su participación en el monedero, cuyos dólares estadounidenses de los clientes serán resguardados en el Banco Central de Reserva (BCR).

También se liquidará este mes un fondo fiduciario (Fidebitcoin) creado en 2021 para la conversión de bitcoin a dólares y viceversa con fondos públicos, así como se publicarán los estados financieros de Chivo auditados por un experto independiente y la participación de empresas públicas en el ecosistema bitcoin.

El FMI señaló que el gobierno salvadoreño ha cumplido con no acumular bitcoins de manera voluntaria, ni ha emitido deuda indexada o denominada en bitcoin, así como instrumentos tokenizados que generen pasivos.

Sin embargo, este tema genera dudas ya que la Oficina de Bitcoin, una agencia estatal bajo Casa Presidencial, continúa comprando bitcoins para una reserva de El Salvador, pese al acuerdo. Ni el gobierno ni el FMI han explicado el argumento legal sobre esta operación.

Entretanto, el Fondo indicó que las reformas adoptadas han sido clave para mitigar los riesgos derivados de la criptomoneda. Entre esos cambios está la eliminación del bitcoin como moneda de curso legal, la obligación de aceptarlo en los negocios y la opción de pagar impuestos.

Para este año, el FMI ha recomendado un solo marco legal que centralice la regulación de bitcoin y criptomonedas, cuyas tareas están dispersas entre varias instituciones actualmente. Esa nueva ley se debe presentar en diciembre de 2025.

 Temas sensibles: pensiones e impuestos

El acuerdo millonario también contempla compromisos del gobierno de un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), acompañado de agresivas medidas para aumentar los ingresos al fisco y reducir el gasto público.

Si bien el FMI consideró que el gobierno ha cumplido la mayor parte del programa, hizo hincapié en que, si no logra la recaudación tributaria suficiente, podría echar mano de impuestos para incrementar sus ingresos.

La propuesta incluye una tarifa de $20 para el ingreso de turistas no residentes, aumentar el impuesto especial al consumo de cigarros y bebidas alcohólicas, así como subir la tasa para el registro de vehículos.

Además, le sugiere que aumente la base tributaria para el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (ISR), al igual que cobre IVA por los servicios digitales y un 30 % sobre las ganancias de capital.

En las negociaciones, el gobierno pidió al FMI retrasar un estudio actuarial que revisará el sistema de pensiones de julio a septiembre, pero se mantiene en firme que debe presentar una propuesta de reforma en febrero de 2026.

Este tema genera zozobra, ya que la anterior reforma, vigente en 2023, permitió al gobierno tomar más dinero prestado de los fondos de pensiones. En ese momento, el FMI advirtió que se agravó la vulnerabilidad del sistema y se aceleró el agotamiento de las cuentas de ahorro.

Para 2025, el FMI prevé que la economía salvadoreña repunte un 2.5 %, pero advirtió de una expansión desigual con un “tibio crecimiento” en los sectores de agricultura, manufactura e industria maquiladora.

Entretanto, el sistema bancario se mantiene sólido en medio de una mejora gradual de las reservas de liquidez como parte del acuerdo, hasta un 15.2 % en marzo de 2025.

 

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