El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía de El Salvador crecerá 4.5 % en 2026, impulsada por la inversión, el consumo privado y los flujos de remesas, turismo y capital, al anunciar este jueves un acuerdo técnico con las autoridades salvadoreñas sobre la segunda y tercera revisión combinadas del Servicio Ampliado del Fondo.
El organismo destacó que el crecimiento económico de 2025 superó las expectativas y atribuyó el desempeño a factores como una mayor confianza de los inversionistas, mejoras en seguridad y políticas macroeconómicas dirigidas a fortalecer las reservas fiscales y externas.
En materia fiscal, el FMI prevé que el superávit primario del sector público no financiero alcance 2.9 % del producto interno bruto (PIB) en 2026 y aumente a 3.7 % en 2027. El ajuste busca avanzar hacia el objetivo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal de reducir la relación entre deuda pública y PIB al 80 % para 2030.
El acuerdo contempla además continuar fortaleciendo el sistema previsional y preparar para 2027 una reforma paramétrica de pensiones acorde con las recomendaciones del FMI. También se reconocerán obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones y se preparará una reforma del servicio civil para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y respaldar la sostenibilidad fiscal.
El organismo señaló que las reservas y los colchones de liquidez superaron las metas previstas y deberán continuar fortaleciéndose. Las autoridades también acordaron profundizar reformas relacionadas con la regulación y supervisión financiera, mecanismos para enfrentar crisis y el fortalecimiento institucional y financiero del Banco Central.
En transparencia y gobernanza, el programa contempla mejoras en el marco para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, además de la publicación de las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios públicos. También se prevén medidas sobre información financiera pública, identificación de beneficiarios finales y fortalecimiento de instituciones de rendición de cuentas.
