Con la tasa de crecimiento económico más baja y el que menos atrae inversión extranjera directa de Centroamérica, así se mantiene la economía salvadoreña, el principal reto para el segundo gobierno de Nayib Bukele.
Esa es también la principal promesa que hizo el mandatario el 1 de junio cuando tomó posesión de la Presidencia de la República: “Vamos a enfocarnos en los problemas importantes, empezando por la economía”, dijo Bukele, al tiempo que advirtió que para el “nuevo tratamiento, quizás, también, hay que tomar medicina amarga”, en referencia a las medidas tomadas para afrontar la inseguridad ciudadana.
¿Qué tan mal está la economía salvadoreña?
Con una tasa de crecimiento de 3.5 % en 2023, El Salvador fue el que menos creció en la región centroamericana y se prevé que se mantenga en esa posición en 2024, junto con Panamá que retrocederá por el cierre del yacimiento de cobre.
Durante el primer quinquenio de Bukele –con excepción de 2020 y 2021 que estuvieron bajo los efectos de la pandemia–, las tasas de crecimiento se mantuvieron entre 2.4 % y 3.5 %, al margen de los récords registrados en los anteriores gobiernos.
Sin embargo, la bonanza económica no llega a los bolsillos de los salvadoreños. Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló en abril pasado que los principales problemas de la población son la economía, el desempleo y el alto costo de la vida.
Con la crisis inflacionaria, los salvadoreños resintieron que el costo de la canasta básica alimentaria urbana escalara a más de $250, en un país donde el salario mínimo es de $365 y donde viven más de 1.9 millones de personas en pobreza.
Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), califica de inaceptable que un tercio de la población salvadoreña, la mayor tasa desde 2018, viva sin dinero suficiente para comprar los alimentos, por lo que considera que, después de la “guerra contra las pandillas”, como califica el gobierno de Bukele sus medidas del régimen de excepción, la siguiente lucha es contra la pobreza.
Finanzas débiles, el eterno problema
Los libros de historia económica recuerdan cómo el tema fiscal ha aquejado a El Salvador desde su fundación como República. Un libro del economista William Pleites, que revisó 140 años, reveló que solo en 44 años hubo superávit fiscal (más ingresos que gastos), los cuales corresponden a períodos de 1850 a 1880 y donde las estadísticas son poco confiables por el manejo a discreción de los gobiernos de turno.
Entonces, para enfrentar la pobreza y destinar más dinero a la inversión pública, la primera tarea del segundo gobierno de Bukele comienza con ordenar las finanzas públicas, considera Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Con una deuda que se acerca a los $30,000 millones y representa un 82 % del PIB, Rodríguez opina que sin un programa fiscal el gobierno está condenado a repetir la historia de sus predecesores que ampliaron el gasto pero no hubo resultados que mejoraran la calidad de la población.
En dos ocasiones, la administración de Bukele prometió un programa fiscal acompañado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La primera promesa se hizo en 2021, después de las elecciones legislativas que dejaron la primera bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, pero las negociaciones no avanzaron cuando se destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general, así como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal.
En abril pasado, el gobierno se volvió a comprometer ante los inversionistas que lograría un acuerdo con el FMI en medio de negociaciones para una colocación de $1,000 millones en eurobonos, que finalmente emitió con una tasa de interés de 12 %, la más alta en su historia.
Si para octubre de 2025 no se ha firmado un acuerdo con el FMI o mejorado la calificación de riesgo soberano en dos grados, la tasa de interés de los bonos aumentará gradualmente un 4 %.
Con una alta carga de deuda, a menudo en el escritorio del Ministerio de Hacienda se tiene que decidir entre destinar los recursos para inversión pública o cumplir las obligaciones. Solo en el primer trimestre de 2024, 21 % de los ingresos que recibió el fisco se utilizaron para pago de intereses de deuda.
