La dictadura de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a la empresa de capital chino Thomas Metal S.A., en las cercanías de Indio Maíz, una zona protegida de alto valor ecológico del sureste del país, denunciaron este martes organizaciones ambientalistas.
Se trata del primer permiso de explotación minera dentro de la Reserva de Biosfera Río San Juan, una de las áreas naturales más importantes de Centroamérica, situada entre los municipios de El Castillo y Bluefields.
La concesión, que abarca 47.410 hectáreas, se ubica en el lote La Mónica, según informó la organización ambiental Fundación del Río.
El ente no gubernamental calificó el acto como un “nuevo avance de los intereses extractivos” de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en alianza con grupos empresariales vinculados al capital extranjero, en particular el chino.
El permiso se autorizó tras la aprobación, el pasado 6 de mayo, de la Ley 1248, que reformó el marco legal para permitir actividades mineras en áreas antes protegidas por el Decreto Ejecutivo 01-2007, eliminado por la nueva legislación.
Según ambientalistas, esto representa un desmantelamiento de la protección ambiental en Nicaragua, en favor de negocios extractivos opacos y de alto impacto.
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Empresas sospechosas y concesiones exprés
La empresa Thomas Metal S.A. fue constituida recientemente y, como otras compañías beneficiadas por el régimen, recibió en cuestión de meses un permiso para operar en un área estratégica y sensible.
Grupos de monitoreo ambiental alertan sobre un patrón: empresas con escasa o nula experiencia minera se fundan, luego son registradas con rapidez y beneficiadas con grandes lotes de tierra sin pasar por procesos técnicos rigurosos ni estudios de impacto ambiental disponibles al público.
“Estamos ante la apertura de un nuevo distrito minero en el sureste del país, que podría detonar conflictos territoriales, invasiones a reservas y desplazamientos forzosos de comunidades locales”, advirtió la Fundación del Río en un comunicado.
Agregaron que la minería artesanal ilegal ha sido previamente tolerada en la zona, y que ahora podría formalizarse bajo un modelo extractivo industrial con impacto devastador.
Sanciones y oro como fuente de poder
La decisión ocurre en un contexto donde la dictadura Ortega-Murillo fue sancionado por Estados Unidos por corrupción precisamente en el negocio de la minería.
En octubre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a la Dirección General de Minas y al operador estatal ENIMINAS, acusándolos de financiar la represión interna a través de la exportación de oro.
A pesar de las sanciones, el negocio minero —y en particular el oro— se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso para el régimen, desplazando incluso al café y al ganado como rubros de exportación.
El oro nicaragüense lo venden principalmente en mercados internacionales como el de Emiratos Árabes Unidos, donde lo triangulan intermediarios chinos, según reportes de Expediente Abierto y Fundación del Río.
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Riesgos ecológicos en Indio Maíz
La nueva concesión se superpone con áreas ya ocupadas por cooperativas agrícolas, monocultivos de palma y cacao, y plantaciones forestales, lo que podría generar disputas legales y expropiaciones.
Además, la cercanía con la Reserva Biológica Indio Maíz, uno de los últimos bastiones de bosque tropical lluvioso en la región, agrava el riesgo de contaminación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas.
La falta de transparencia, la omisión de estudios de impacto ambiental públicos, y la ausencia de consultas comunitarias vulneran tanto la legislación nacional como tratados internacionales de los que Nicaragua es parte, señalaron las organizaciones.
La dictadura Ortega-Murillo ha hecho de la minería una política de Estado, incluso a costa de la destrucción ambiental y los derechos de sus propias comunidades, concluyó el pronunciamiento de los defensores del medio ambiente.