Costa Rica y Estados Unidos han iniciado formalmente negociaciones para revisar el arancel del 10 % impuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre exportaciones costarricenses desde abril pasado, en medio de una política arancelaria global que Washington impulsa con diversos países del mundo.
Una delegación del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica sostuvo la semana anterior en Washington una reunión bilateral con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), siendo el primer país latinoamericano en negociar directamente sobre esta materia después de recientes diálogos de Estados Unidos con economías como China, Japón y el Reino Unido.
El ministro costarricense de Comercio Exterior, Manuel Tovar, subrayó la importancia estratégica del acercamiento entre ambos países, en especial por la relevancia de Estados Unidos como principal socio comercial de Costa Rica.
“El diálogo con nuestro principal socio comercial es permanente y sólido. Estamos haciendo un trabajo responsable y cuidadoso para velar por los intereses de nuestro sector exportador y garantizar mejores condiciones para la inversión extranjera directa”, afirmó Tovar en declaraciones facilitadas por Comex.
Este primer encuentro se centró en discutir las razones detrás de la decisión estadounidense, que impuso un arancel del 10 %, tras argumentar supuestas barreras comerciales aplicadas por Costa Rica equivalentes al 17 %, según un informe comercial divulgado por la USTR a principios de abril.
Entre las preocupaciones señaladas por Washington están los impuestos diferenciados sobre licores, restricciones al ingreso de papa fresca, desigualdad en licitaciones públicas, procesos burocráticos en importaciones de origen animal y controles de propiedad intelectual insuficientes.
“Nosotros indicamos que varias preocupaciones ya habían sido atendidas hace algún tiempo. Sentimos que el reporte venía algo desactualizado, pero tomamos acciones inmediatas en otros temas señalados”, explicó Tovar.
Para Costa Rica, muchas observaciones estadounidenses son solucionables por vía administrativa, pero destacan temas complejos como las compras públicas, que requieren cambios legislativos mediante la adhesión plena al Acuerdo de Contratación Pública.
El gobierno costarricense estableció una hoja de ruta desde abril para enfrentar el impacto del arancel impuesto por Trump, incluyendo acercamientos con el sector privado, búsqueda de nuevos mercados internacionales para exportaciones y reforzamiento de las estrategias para atraer inversiones.
En ese contexto, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) intensificó esfuerzos para diversificar mercados y proteger a sectores estratégicos como dispositivos médicos, productos agrícolas, tecnológicos y servicios empresariales.
La imposición del arancel ocurre en un momento clave para Costa Rica, que en 2024 exportó a Estados Unidos más de 7.000 millones de dólares en bienes y servicios, cifra que representa alrededor del 40 % de todas sus exportaciones anuales.
Durante las próximas semanas se celebrarán otras dos rondas técnicas en Washington previstas para junio, buscando alcanzar una resolución definitiva antes de mediados de año.
“Las partes deseamos concluir esto pronto, pero siempre y cuando exista un acuerdo sólido. Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, aclaró Tovar.
Las relaciones bilaterales han estado en constante atención desde marzo, cuando el presidente Trump anunció nuevas medidas arancelarias globales. Para Costa Rica, esto supuso un desafío particular, dada su dependencia del mercado estadounidense.
A la espera de los resultados de estas negociaciones, el sector exportador sigue atento a los efectos concretos de los aranceles sobre sus operaciones, mientras las autoridades mantienen un monitoreo constante para minimizar cualquier impacto negativo sobre la economía nacional.
Según Comex, hasta ahora no se reportan incidencias significativas, pero la situación continúa bajo estricta vigilancia por la posible afectación a largo plazo sobre empleos y competitividad del país centroamericano.