El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) tildó de hipócritas los planes lanzados por el gobierno para atender a los retornados de Estados Unidos mientras crece el índice de desempleo.
“Somos hipócritas, queremos darle apoyo a los que vienen de Estados Unidos, pero los que han estado aguantando todo este tema de la falta de empleo y desarrollo personal son más los hondureños que los que retornan”, declaró a la prensa local el director ejecutivo de la gremial, Armando Urtecho.
El gobierno de Xioamara Castro anunció un plan para atender a los retornados como parte de la política agresiva de Donald Trump. Este programa incluye un incentivo económico de $100 por migrante y un bono para alimentos en tiendas estatales.
Ante esto, el ejecutivo reprochó que el gobierno “no tiene nada” para atender las filas de desempleados, un termómetro sensible sobre las carencias en las que viven el 62 % de los hogares hondureños que se consideran en situación de pobreza.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, Honduras tiene más de 2.02 millones de personas con problemas de empleo, una categoría que incluye a los trabajadores con insuficientes ingresos, que no trabajan las horas requeridas o están desocupados.
“Nosotros creemos que la seguridad pasa por tener empleos dignos y creemos que, si no hay empleos, aquí lo que puede crecer es la inseguridad porque la gente va a estar metida en cosas incorrectas e ilegales. Nosotros creemos que el gobierno debe poner las bases para que se puedan generar los empleos en el país en todos los rubros”, añadió Urtecho.
Una investigación de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) reveló que Honduras tiene la segunda tasa de desempleo más alta de la región, calculada en un 7.4 %.
Honduras también está al frente de la lista de países con las tasas de informalidad más alta, en un 80 %, seguido de Guatemala con un 70.3 %. A medida que el mercado de empleo no cubre la demanda, las personas recurren a sectores informales para mantener su economía, pero estos puestos de trabajo son vulnerables porque no están bajo contrato que garantice un ingreso fijo ni cobertura de servicios sociales, como salud y pensión.
