La propuesta de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, presentada esta semana por congresistas republicanos ante la Cámara de Representantes, ha provocado una fuerte preocupación en Centroamérica, donde millones de familias dependen de estos envíos para subsistir.
El plan, parte del llamado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, busca gravar con un impuesto especial del 5 % las remesas enviadas por inmigrantes sin estatus legal a sus países de origen.
De aprobarse, la medida impactaría directamente a los flujos financieros que sostienen a gran parte de las economías de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Economías vulnerables
Sólo en Nicaragua, las remesas sumaron $5,243 millones en 2024, equivalentes al 29.4 % del Producto Interno Bruto (PIB). De ese total, el 82,8 % provino de Estados Unidos, según datos oficiales.
Economistas locales estiman que, de establecerse el impuesto, el país perdería más de $200 millones anuales, lo que afectaría directamente al consumo de bienes básicos como alimentos, educación y salud.
Honduras, por su parte, enfrenta una posible pérdida de hasta $500 millones anuales, según proyecciones preliminares. Las remesas representan cerca del 28 % del PIB hondureño.
En El Salvador, donde las remesas equivalen al 24 % del PIB, y en Guatemala, donde su peso es de aproximadamente el 20 %, también se han encendido las alarmas.
La directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), Teresa Tejada, advirtió que la aprobación de este impuesto tendría un “efecto catastrófico” para las economías de los países centroamericanos, que dependen en gran parte de sus diásporas.
Efecto dominó en la migración
“Estas propuestas no resuelven la migración irregular; al contrario, la empeoran. Si las familias no reciben el dinero necesario para sobrevivir, muchos optarán por emigrar”, advirtió Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes, con sede en California.
El economista salvadoreño Rafael Lemus explicó que los migrantes que envían dinero enfrentarán una decisión difícil: absorber el impuesto ellos mismos o descontarlo del monto enviado a sus familias.
“En ambos casos, habrá una afectación directa al receptor. Es una forma de transferir el castigo a los más vulnerables”, comentó a La Prensa Gráfica.
La directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller, dijo a El Economista de México, que si avanza esta iniciativa, podría presentarse un repunte de corto plazo en los envíos por evitar el impuesto.
Esta no es la primera vez que se baraja un impuesto de esta naturaleza. Desde diciembre pasado, el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance comentó la posibilidad de gravar con una tasa de 10% los envíos de dólares en forma de remesas.
En aquel momento, su intención era recaudar recursos para financiar las operaciones de patrullaje de la frontera entre México y Estados Unidos contra los cruces ilegales.
Y la propuesta de Vance, se apoyaba en la única experiencia vigente desde 2009, en el estado de Oklahoma donde cobran 1% sobre cada $500 que se envían en forma de remesas.
Aumenta el riesgo de informalidad
Expertos advierten que la medida podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, reduciendo la capacidad de control financiero de los gobiernos centroamericanos y exponiendo a las familias a mayores riesgos de fraude y pérdida de fondos.
Además, los países perderían parte de sus reservas internacionales, verían presiones sobre sus monedas locales y podrían enfrentar caídas en el consumo interno, que es clave para la estabilidad económica en la región.
El impuesto a las remesas forma parte de una agenda más amplia impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente Donald Trump, centrada en endurecer las políticas migratorias.
El proyecto propone financiar con estos fondos exenciones fiscales y patrullajes fronterizos, así como negar beneficios de salud como el Obamacare a migrantes indocumentados.
Aunque el proyecto aún no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, organizaciones de migrantes temen que pueda avanzar mediante enmiendas o acuerdos políticos.
También se discute en paralelo otro proyecto llamado “Ley de Inversión en Seguridad Fronteriza”, que plantea un impuesto del 37 % a remesas enviadas a países con altos flujos migratorios ilegales hacia EE.UU.
Diplomacia y resistencia
Los Gobiernos centroamericanos aún no han reaccionado oficialmente, pero fuentes diplomáticas consultadas por EFE indicaron que se están preparando argumentos técnicos para oponerse a la medida en foros multilaterales y bilaterales.
Mientras tanto, la comunidad migrante organizada en Estados Unidos llama a sus representantes a frenar lo que consideran un ataque directo al derecho de los inmigrantes a ayudar a sus familias.
“El dinero no va a gobiernos ni a regímenes; va a niños, a ancianos, a enfermos que dependen de cada centavo enviado con esfuerzo desde el exterior”, subrayó Tejada.
