A lo largo de los últimos años, la importación del cemento y otros materiales de construcción de China a Centroamérica ha generado controversia y discordia en la industria de la construcción por varias razones.
Este fenómeno ha afectado a varios países de la región, incluyendo Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá, donde el cemento importado del gigante asiático ha sido señalado por ingresar de contrabando y ha ido desplazando parcialmente a la producción local y generado tensiones en múltiples sectores.
El contrabando de productos desde China, incluido el de cemento, se ha convertido en un problema creciente en Centroamérica, afectando gravemente la economía y la calidad de la infraestructura en la región.
Contrabando y mala calidad en Guatemala
El ingreso ilegal del producto chino y vietnamita está provocando enormes pérdidas al fisco, que sólo en Guatemala son de más de $15 millones anuales. Pero además, la utilización del producto representa verdaderos riesgos porque nadie garantiza su calidad.
El fenómeno del contrabando está estrechamente vinculado a las dinámicas de oferta y demanda del mercado.
Un importante empresario del sector de la construcción en Guatemala aseguró que “alrededor de 60% del cemento se importa de China y Vietnam.
“La calidad del cemento es muy mala y puede causar muchos riesgos a los edificios que se construyen usando ese cemento”, dijo la fuente.
A pesar de la gran cantidad de cemento que ingresa de forma legal, se ha identificado un aumento alarmante en las importaciones ilegales.
Axel Romero, gerente de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof) de Guatemala destacó, hace algunos meses, que el contrabando de cemento ha crecido un 20% anual, reflejando un cambio preocupante en la dinámica del mercado.
En Guatemala, el contrabando ha tenido un impacto significativo.
En los últimos cinco años, se han reportado 70,000 toneladas de cemento que ingresaron ilegalmente, lo que representa una pérdida anual de aproximadamente $15 millones para la industria local.
Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también pone en riesgo la seguridad de la infraestructura al utilizar materiales de baja calidad.
Constructores ha insistido en los últimos años en los riesgos que corren las infraestructuras cuando se utiliza cemento no certificado. La mala calidad y su caducidad representa altas probabilidades de generar incidentes que pueden afectar vidas humanas.
En Guatemala, el contrabando ha operado en las fronteras durante muchos años, pero desde 2014 se incrementó este delito y esto influyó en los precios y comenzó a generar ganancias atractivas para los contrabandistas, transportistas y vendedores.
Los departamentos que más casos registran este delito en el país son Huehuetenango, Petén, San Marcos, Quiché, Jutiapa, Chiquimula e Izabal.
Solo en Huehuetenango hay al menos 100 puntos por los que el contrabando es transportado.
La red de contrabandistas de cemento opera a través de todos los pasos ciegos de las fronteras, principalmente en la frontera con México y con menor incidencia en la frontera de El Salvador y Honduras, de acuerdo a datos de la Cámara de Industria de Guatemala.
La llegada de cemento chino ha generado controversias en varios países. En El Salvador y Honduras, su importación ha sido asociada al empresario Lenir Pérez, cuya reputación ha sido muy cuestionada.
Aunque su precio es inferior al del cemento local, no existe claridad sobre su calidad. Los comerciantes están evaluando su aceptación en el mercado antes de decidir comprar mayores cantidades. Aunque el cemento chino puede ofrecer precios más bajos, la ausencia de garantías sobre su calidad es una preocupación compartida por constructores y ferreteros.
Costa Rica: El “Cementazo”, corrupción y competencia desleal
En Costa Rica, el escándalo conocido como “El Cementazo” es un claro ejemplo de cómo la importación de cemento chino puede estar rodeada de corrupción y malas prácticas.
El caso salió a la luz en 2017, cuando el empresario Juan Carlos Bolaños comenzó a importar cemento de China con el respaldo de un conjunto de préstamos multimillonarios otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones cuestionables.
El gobierno de Costa Rica, en un intento por abrir el mercado y romper el duopolio de las empresas Holcim y Cemex, modificó las regulaciones para permitir la entrada de nuevos competidores tras aliarse con China.
Este cambio facilitó que Bolaños lograra traer cemento chino a un precio considerablemente más bajo. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se descubrió que Bolaños había obtenido los préstamos del BCR bajo términos irregulares, sin cumplir con las garantías necesarias.
Como resultado, altos funcionarios del banco y del gobierno fueron señalados por haber facilitado los acuerdos.
“El Cementazo mostró cómo la influencia política y los intereses privados pueden corromper las decisiones públicas a gran escala. No se trataba solo de competencia, sino de la forma en que se manipuló el sistema financiero para beneficiar a unos pocos”, señaló un miembro de la Cámara Costarricense de la Construcción que prefirió mantenerse en el anonimato.
“Es un producto contaminado de origen, vinculado a corrupción y prácticas empresariales desleales. Su calidad no es mala si se combina con otros productos o se mezcla para obras menores, con supervisión y cautela, pero si tiene una falla de origen y es la corrupción, por eso terminó en el escándalo que la prensa llama El Cementazo”, dijo en off el empresario, evitando cualquier vinculación con el proceso judicial en curso.
El escándalo llevó a la suspensión de varios jueces, la renuncia de directivos bancarios y el inicio de múltiples investigaciones judiciales.
A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento no se han emitido sanciones contra los principales implicados, lo que ha generado una percepción de impunidad en la población costarricense.
Nicaragua: imposición y represión en el mercado del cemento
En Nicaragua, el panorama es aún más sombrío. La importación de cemento chino ha estado vinculada a prácticas de imposición y represión, con empresas cercanas al régimen de Daniel Ortega controlando el negocio y utilizando tácticas de competencia desleal para desplazar a las marcas locales.
Un empresario exiliado de la extinta Cámara Nicaragüense de la Construcción, que pidió no ser identificado, describió la situación como un “clan de negocios” controlado por militares y allegados al régimen.
Según el empresario, la entrada del cemento chino al mercado nicaragüense tiene como objetivo debilitar a empresas tradicionales como Holcim y Cemento Canal, forzando a estas compañías a vender sus acciones al partido sandinista o desaparecer eventualmente.
“La corrupción desmedida y la protección estatal hacen imposible competir en condiciones justas. Además, sabemos que detrás de esto están personas ligadas directamente a la familia de Ortega y Murillo”, aseguró el empresario.
La represión también ha sido parte del proceso, según fuentes locales, que denuncian la presión ejercida sobre los ferreteros para que vendan cemento chino, incluso bajo amenazas.
“Nicaragua hoy no construye lo suficiente como para inundar el mercado con cemento chino. La cantidad que genera la industria local es suficiente para cubrir la demanda y exportar, de modo que quizás solo si se ponen a construir su canal interoceánico podrían imponer el cemento chino”, dijo con sarcasmo.
Según el empresario, el mercado del cemento en Nicaragua es “tradicionalista” y eso afecta la expansión del cemento chino.
“A Holcim le llevó mucho tiempo tener aceptación en el mercado porque los nicaragüenses confiaban, confían aun, en Canal. A los chinos les va ir peor o quién sabe cuánto tiempo les llevará convencer a los nicas, a menos que a cada ferretero le pongan un pongan un AK en la cabeza para que venda solo cemento chino, cosa que tampoco se puede descartar de los sandinistas”, dijo.
Sin embargo, la presencia del cemento importado ha comenzado a hacerse sentir, especialmente en proyectos de construcción pública, donde el gobierno tiene control absoluto sobre las licitaciones.
Panamá: cemento contaminante y falta de regulación
El caso de Panamá revela otro aspecto oscuro del cemento chino: su impacto en la salud pública y la falta de regulación adecuada.
En los últimos años, Panamá ha importado entre 10,000 y 20,000 toneladas mensuales de cemento de países como China, Vietnam y Turquía.
Estos productos, que se venden a precios similares a los del cemento local, han sido señalados por contener niveles peligrosamente altos de cromo hexavalente (cromo VI), un compuesto químico cancerígeno.
Mientras que en países como Costa Rica y en Europa se prohíbe el uso de cemento con más de 2 partes por millón (ppm) de cromo VI, en Panamá no existe una normativa clara que regule este peligroso componente.
Según el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el cemento chino que se importa al país puede contener hasta 25 veces más cromo hexavalente que los límites permitidos en otras naciones.
“La falta de regulación y de controles adecuados ha permitido que productos potencialmente peligrosos entren en el mercado sin restricciones. El gobierno panameño está fallando en proteger la salud de los trabajadores de la construcción y de la población en general”, declaró un representante del SIP en una rueda de prensa en abril pasado.
La situación es particularmente alarmante, ya que el cemento importado está siendo utilizado en proyectos de construcción pública y privada, lo que podría tener consecuencias nocivas a largo plazo para la salud de los trabajadores y los residentes de las nuevas infraestructuras.
El problema a nivel latinoamericano
El cemento chino ha inundado los mercados de varios países de América Latina, vendiéndose a precios significativamente más bajo que los productos locales, generando preocupación no solo por los efectos económicos y sociales, sino también por las implicaciones medioambientales y de salud.
A nivel regional, el material es parte de una estrategia más amplia de China para consolidar su posición como líder en el comercio global de materiales de construcción.
Sin embargo, esta expansión ha estado acompañada de prácticas comerciales desleales, competencia desmedida y un alto costo para las industrias locales.
La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) ha señalado que la llegada de productos chinos, incluidos el acero y el cemento, está causando un proceso de desindustrialización en varios países de la región, afectando a más de 1.4 millones de empleos directos e indirectos.
En 2023, América Latina registró un récord de importaciones de cemento y acero chino, lo que ha generado una presión creciente sobre los gobiernos locales para imponer aranceles y proteger sus industrias.
En términos medioambientales, la producción de cemento en China es considerablemente más contaminante que en América Latina.
Según Alacero, China emite 2.24 toneladas de CO2 por cada tonelada de cemento producida, en comparación con las 1.55 toneladas que se emiten en América Latina.
Esta diferencia significativa en las emisiones ha generado críticas hacia China por no cumplir con estándares ambientales internacionales, mientras que los productores latinoamericanos se ven obligados a seguir normativas más estrictas.
El cemento no viene solo: Pekín a la par ha aumentado la exportación de su acero y otros materiales de construcción de cuestionable calidad.
- China aumentó su producción de acero un 639% en las últimas dos décadas, alcanzando el 54% del mercado global en 2023.
- Las importaciones de acero chino están amenazando más de 1.4 millones de empleos directos e indirectos en América Latina.
- En 2023, la región tuvo un récord de importaciones de acero chino, afectando a empresas como la chilena Huachipato, que suspendió sus operaciones.
- México impuso un 25% de aranceles al acero chino para combatir el dumping y proteger su industria.
- China emite 2.24 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero, un 44% más que los productores latinoamericanos, que emiten 1.55 toneladas.
A nivel político, el cemento chino también ha tenido implicaciones profundas.
En países como Nicaragua, su llegada ha sido facilitada por acuerdos gubernamentales que favorecen a ciertos actores cercanos al régimen, mientras que en Costa Rica y Panamá, su importación ha estado vinculada a escándalos de corrupción y a la falta de regulación adecuada.
En todos los casos, el resultado ha sido un mercado de la construcción cada vez más polarizado, donde las empresas locales luchan por sobrevivir frente a la competencia desleal y el respaldo estatal a los productos chinos.
Por ahora, el cemento de Pekín sigue siendo un símbolo de las profundas contradicciones que enfrenta América Latina con la incidencia china, opuesta en su camino hacia el desarrollo sostenible y equitativo.
