El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades de Guatemala liberar al dueño de un periódico opositor y frenar las investigaciones contra comunicadores de ese medio.
La entidad solicitó en un comunicado detener “cualquier investigación de columnistas y empleados” del rotativo El Periódico, liberar “sin condiciones a su presidente José Rubén Zamora”, preso desde julio pasado, y permitir al personal del medio que “trabaje libremente”.
Esas medidas son “un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción”, subrayó en su nota Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ en Nueva York.
El martes, un juez abrió un segundo proceso penal contra Zamora, señalado por la Fiscalía de conspiración para obstrucción de la justicia. Según la acusación, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por lavado de dinero en 2021.
Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público de investigar a varios periodistas y columnistas de El Periódico, medio que ha publicado reportajes sobre corrupción estatal.
La fiscal Cinthia Monterroso consideró que los comunicadores habrían cometido alguna ilegalidad y “desinformado” en sus publicaciones sobre los casos contra Zamora.
“Ahora se pretende implicar a otros periodistas y columnistas de El Periódico para intimidar a todo el gremio y limitar así la libertad de expresión”, señaló el rotativo en una nota publicada en la edición digital de este miércoles, que cerró con la frase: “No nos callarán”.
La Asociación de Periodistas de Guatemala también rechazó las investigaciones contra los reporteros y las calificó como “un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión”.
Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por la primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según ese caso, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37.500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información en su contra.
El periodista, de 66 años, sostiene que es un “perseguido político” y que las imputaciones fueron una armadilla del presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, con el fin de silenciarlo por publicaciones sobre corrupción en la administración pública.
Estados Unidos incluyó en 2021 a Porras en una lista de implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia tras despedir a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y considerado por Washington como un “campeón anticorrupción”.
