El Senado de Estados Unidos confirmó el 30 de septiembre la nominación de la diplomática Natasha Franceschi como embajadora en Nicaragua, según el registro oficial de la sesión legislativa de ese día.
La designación de Franceschi figuró entre diez nominaciones diplomáticas que la Cámara Alta aprobó en bloque mediante un procedimiento de consentimiento unánime, a petición de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, durante una sesión que concluyó a las 23:24 hora local.
La confirmación se produce en un contexto de deterioro de las relaciones entre Washington y Managua, marcado por las denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos y el aumento de la presión diplomática sobre el régimen nicaragüense.
Una diplomática de carrera
Franceschi pertenece al Servicio Exterior de Estados Unidos y tiene el rango de ministra consejera, una categoría superior dentro de la carrera diplomática.
Se graduó de Swarthmore College y de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad Tufts.
Su trayectoria incluye destinos en Túnez, Eslovaquia, Irak, Pakistán, Kazajistán, Bosnia y Herzegovina y Rusia.
Además tiene responsabilidades en oficinas del Departamento de Estado relacionadas con Oriente Medio y la seguridad internacional. Entre 2021 y 2024 fue encargada de negocios y subjefa de misión en Túnez.
La nominación de Franceschi llegó al Senado el 7 de agosto y pasó por una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores el 24 de septiembre, antes de su confirmación.
Washington aumenta la presión sobre Managua
La aprobación coincide con una intensificación de las iniciativas estadounidenses contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 2 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a los aliados de Washington a suspender las relaciones comerciales habituales con Nicaragua.
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La presión aumentó tras las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo para ampliar los mandatos y restringir la competencia política.
Además, el 20 de septiembre, los senadores Tim Kaine, demócrata, y Ted Cruz, republicano, presentaron un proyecto bipartidista para ampliar las sanciones contra funcionarios y sectores económicos vinculados con presuntos abusos de derechos humanos, corrupción y persecución religiosa.
Su designación, por sí sola, no determina qué medidas concretas adoptará la Administración estadounidense hacia el régimen.
