El Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el 15 de septiembre una audiencia que busca sancionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La sesión, titulada “Confronting the Totalitarian Ortega-Murillo Regime”, busca reactivar la presión política en el Capitolio contra la dictadura sandinista.
A la vez, intensificar el escrutinio de Washington sobre las violaciones a los derechos humanos y las alianzas geopolíticas de Ortega con Rusia, Irán y China.
La congresista republicana María Elvira Salazar presidirá la sesión legislativa, la cual contará con el testimonio de Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta para Centroamérica del Departamento de Estado.
Lea además: Secretario de Estado de EE UU afirma que la izquierda destruyó Nicaragua, Venezuela y Cuba
Planean sanciones
La funcionaria expondrá la posición de la administración estadounidense en un entorno de consenso bipartidista que busca respuestas diplomáticas más severas contra la dictadura nicaragüense.
El encuentro legislativo responde al creciente aislamiento regional del régimen y a la ratificación de convenios estratégicos con Moscú que, según Washington, amenazan la estabilidad del área centroamericana.

Congresistas de ambos partidos promueven iniciativas de ley que contemplan sanciones adicionales dirigidas a la estructura financiera de la familia presidencial y sus allegados.
Lea también: China y Rusia amplían influencia estratégica en Nicaragua, advierte Centro de Estudios Estratégicos
Contexto de dictadura
Pese a la firmeza de la convocatoria, los analistas advierten que el desarrollo de la audiencia no implica la aprobación inmediata de leyes o castigos económicos.
Por lo tanto, las eventuales medidas requerirán posteriores debates y votaciones en los plenos de la Cámara de Representantes y del Senado.
Además, requerirán de la promulgación final por parte del Ejecutivo de los Estados Unidos.
La reunión se dará en un contexto de avance dictatorial en Nicaragua, con reformas a la Constitución para alargar la permanencia del régimen en periodos de siete años prorrogables.







