La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró este miércoles 9 de septiembre la Embajada de Nicaragua en República Dominicana, una decisión que profundiza la tensión diplomática entre ambos países tras los cuestionamientos del Gobierno dominicano al rumbo político del régimen nicaragüense.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó en un comunicado que tomó nota de la decisión de Managua de clausurar su representación diplomática en Santo Domingo, sin anunciar por ahora medidas adicionales ante la ruptura de las funciones de la sede nicaragüense.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana toma nota de la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su embajada en Santo Domingo”, indicó la Cancillería dominicana.
La medida ocurre 47 días después de que el Gobierno del presidente Luis Abinader llamó a consultas a su embajadora en Managua, luego de que la Cancillería de la dictadura Ortega-Murillo respondió con críticas a la postura dominicana contra el anuncio de eliminar las elecciones en Nicaragua.
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Tensión regional por el giro autoritario de Managua
El cierre de la embajada nicaragüense se produce mientras los países del hemisferio mantienen bajo escrutinio las decisiones políticas del régimen Ortega-Murillo y analizan posibles respuestas diplomáticas.
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— Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) September 9, 2026
La Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene pendiente la convocatoria de una reunión de cancilleres para evaluar medidas colectivas frente al avance autoritario de Managua.
Todo comenzó después de que Ortega anunció cambios que eliminan la competencia electoral y amplían el control del poder.
El pasado 1 de septiembre, los diputados oficialistas aprobaron en primera legislatura una reforma constitucional que prolonga el mandato presidencial de seis a siete años y permite al régimen establecer restricciones contra ciudadanos considerados «traidores» a la patria.

Ortega y Murillo consolidan control del Estado
La reforma constitucional forma parte de una serie de cambios impulsados por la dictadura para consolidar el poder de Ortega y Murillo, quienes gobiernan Nicaragua desde 2007 y buscan extender su permanencia al frente del Estado.
Durante casi dos décadas, el régimen ha eliminado la independencia de los poderes públicos, cerrado espacios democráticos y mantenido una política de persecución contra opositores, periodistas, líderes sociales y ciudadanos críticos.
El Gobierno dominicano afirmó que la decisión de eliminar las elecciones representa «un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente».
La clausura de la embajada marca un nuevo episodio en el aislamiento internacional de Managua, mientras aumenta la presión regional contra las reformas que amplían el control político de Ortega y Murillo.







