La Sala Constitucional de Costa Rica admitió para estudio tres acciones de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que declara secreto de Estado información relacionada con seguridad, confirmó el tribunal a través de su oficina de prensa.
Las tres acciones fueron tramitadas y acumuladas en un solo expediente para su análisis. Entre ellas se encuentra la presentada por diputados de las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa, quienes cuestionan los alcances de las restricciones establecidas por el Ejecutivo.
Los recursos impugnan el decreto número 45870, firmado por la presidenta Laura Fernández y publicado el 10 de agosto en el diario oficial La Gaceta. La normativa declara secreto de Estado y restringe el acceso a información, documentos, archivos e informes relacionados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la denominada “Fuerza Élite” y otras coordinaciones sobre seguridad y defensa dirigidas por la Presidencia.
Con la admisión de las tres acciones, la Sala IV iniciará el proceso de análisis y deberá conceder audiencia a las partes involucradas. Los expedientes admitidos son el 26-30117-0007-CO, 26-029780-0007-CO y 26-29672-0007-CO, mientras una cuarta acción permanece en estudio para determinar su admisibilidad.
Los demandantes alegan posibles afectaciones al acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión y el principio de reserva de ley. También cuestionan que las restricciones a derechos fundamentales sean establecidas mediante un decreto ejecutivo y no a través de una ley.
Otro de los argumentos señala que el decreto establece una reserva general y por tiempo indefinido sobre información pública. Los recurrentes consideran además que sus disposiciones exceden los límites del secreto de Estado y pueden restringir la fiscalización ciudadana sobre las actuaciones y recursos públicos.
En particular, los diputados opositores cuestionaron “que el decreto establezca una reserva de alcance indeterminado e indiscriminado sobre la información de estos órganos, incluyendo presupuestos, gastos, contrataciones públicas y la existencia misma y competencias de la “Fuerza Élite”, la cual carece de creación por ley formal”. Los legisladores sostienen que estas restricciones también afectarían el control de la hacienda pública y el debido proceso.
La Sala Constitucional ya rechazó de plano tres recursos de amparo presentados contra el mismo decreto, en los que se solicitaba suspender sus efectos por considerar que limitaba el acceso a información de interés público. En uno de esos trámites, los recurrentes pidieron que “Solicitan que se declare con lugar el recurso, se suspendan los efectos del decreto y se ordene entregar versiones públicas de la información, manteniendo reservados únicamente aquellos datos cuya divulgación implique un riesgo real para la seguridad nacional”.
