El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, presentó un amparo ante la Sala Constitucional para descongelar más de $19 millones (8,680 millones de colones costarricenses) para realizar contrataciones que buscarían fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Díaz explicó que los fondos estaban contemplados dentro del Presupuesto Ordinario de 2026 para la creación de 176 plazas para empleados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 99 para el Ministerio Público. Los recursos fueron congelados por el Ministerio de Hacienda en administraciones anteriores.
El fiscal explicó que la creación de las plazas beneficiaría la atención del crimen organizado, la corrupción y la violencia de género. Díaz mencionó que la falta de desembolso de los fondos afecta a las víctimas en situación vulnerable, por lo que, busca que los magistrados ordenen la entrega del dinero.
“Con esta negativa se afecta el buen funcionamiento de los servicios públicos y se discrimina en la ejecución presupuestaria. Esta omisión del Poder Ejecutivo limita nuestra capacidad de actuación del Ministerio Público y del OIJ, lo cual favorece a la delincuencia”, aseguró el fiscal Díaz.
Aunque los fondos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda no los desembolsó. Los fondos se han mantenido congelados durante la administración del expresidente y ahora ministro, Rodrigo Chaves, y la presidenta Laura Fernández.
Los mandatarios han alegado que los fondos fueron descontados de las partidas asignadas para pagos de intereses de deuda pública y que por eso no han sido desembolsados, mientras las autoridades judiciales argumentan afectaciones en la persecución penal por el “impacto severo” que esta falta de fondos genera.
Entre los impactos registrados está una mayor prescripción de delitos y graves retrasos en la atención de casos. El amparo presentado ocurre después de la actual Asamblea Legislativa de recortar 27 millones de colones ($59,000) del presupuesto del Poder Judicial.
