Las profundas fracturas que dejó el proceso de transición de la guerra a la paz (1990-2007) constituyen una deuda histórica difícil de saldar. Reclamos por propiedades, desintegración familiar, amnistías concedidas con privilegios para unos pocos, negociaciones deficientes y traiciones marcaron una etapa que dejó heridas abiertas en Nicaragua. Entre todos esos desaciertos hay uno que aún sigue sangrando: el abandono de miles de campesinos y combatientes de la Resistencia Nicaragüense, conocida como “La Contra”, quienes, tras complejos acuerdos entre dirigentes civiles y militares, depusieron las armas en 1990 para facilitar la paz y la consolidación del gobierno democráticamente electo de la Unión Nacional Opositora (UNO).
El pasado 27 de junio, antiguos combatientes agrupados en el movimiento “Paladines de la Libertad” organizaron en San José, Costa Rica, el foro “La Resistencia sigue creciendo”, con el propósito de conmemorar el trigésimo sexto aniversario de la entrega de las armas. Aquella fecha simbolizó la culminación de la desmovilización de la Resistencia y reafirmó su compromiso con la paz, la democracia y la reconciliación nacional.
Más de tres décadas después, ese gesto de buena voluntad continúa inspirando a los hijos de aquellos combatientes y a numerosos nicaragüenses. Sin embargo, el destino de la mayoría de quienes lucharon en aquella guerra distó mucho de las promesas formuladas durante la transición. Nunca recibieron un reconocimiento institucional digno por parte del Estado. Solo algunos altos mandos obtuvieron tierras, propiedades y otros beneficios, mientras la inmensa mayoría quedó relegada al olvido. A ello se sumó el asesinato de varios de sus principales dirigentes, entre ellos Enrique Bermúdez, crímenes que permanecen impunes.
La mayor paradoja fue que quienes contribuyeron decisivamente a abrir el camino hacia la democracia terminaron convertidos en los grandes olvidados de la transición. Esa realidad obliga también a una reflexión crítica de algunos de los antiguos dirigentes civiles y militares de la Resistencia, quienes no lograron negociar una desmovilización que garantizará plenamente los derechos políticos, económicos y sociales de sus combatientes.
Aquella oportunidad histórica debió servir para que, inmediatamente después de entregar las armas, la Resistencia Nicaragüense —considerada la única guerrilla anticomunista que operó en América Latina durante la Guerra Fría— se transformara en una organización política capaz de representar a quienes habían sacrificado sus vidas y defender las libertades por las que lucharon.
Sin embargo, ocurrió lo contrario. Quienes combatieron convencidos de defender la democracia terminaron siendo víctimas de nuevos engaños. Si el Frente Sandinista hubiera respetado desde el inicio los principios democráticos que prometió durante la revolución, probablemente Nicaragua jamás habría llegado a una guerra civil. En cambio, el país terminó reproduciendo un modelo político inspirado en el sistema totalitario implantado por Fidel Castro en Cuba y respaldado por la entonces Unión Soviética.
La experiencia centroamericana demuestra que existían alternativas. Las antiguas guerrillas de Guatemala y El Salvador lograron transformarse en partidos políticos e incorporarse plenamente a la competencia democrática. Algo similar ocurrió en Colombia, donde antiguos grupos insurgentes ingresaron a la vida política mediante acuerdos de paz. De ellos proviene Gustavo Petro.
Por ello, la deuda moral, política e histórica con quienes enfrentaron un régimen que ya evidenciaba tendencias autoritarias y totalitarias continúa pendiente.
Los hombres y mujeres que integraron la Resistencia, a quienes el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, denominó los “Paladines de la Libertad”, merecen mucho más que una conmemoración anual. Merecen el reconocimiento permanente de la nación. El reciente encuentro celebrado en Costa Rica constituye un esfuerzo por rescatar la memoria de una generación que creyó que la libertad, la justicia y la democracia justificaban cualquier sacrificio.
El lema del foro, “La experiencia de quienes lucharon ayer. La energía de una nueva generación. Volveremos a vencer”, resume la necesidad de tender un puente entre quienes protagonizaron aquella lucha y los jóvenes que hoy enfrentan un nuevo desafío democrático.
Durante años, la propaganda sandinista presentó a los combatientes de la Resistencia como simples mercenarios o “bestias asesinas” al servicio de intereses extranjeros. Sin embargo, el tiempo demostró que sus advertencias sobre la concentración del poder y la deriva autoritaria del sandinismo tenían fundamento.
El regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 y la consolidación de un régimen caracterizado por la persecución de opositores, el encarcelamiento de disidentes, el cierre de medios de comunicación, la confiscación de universidades, la expulsión de organizaciones religiosas y el exilio de miles de nicaragüenses fortalecen esa interpretación histórica. En ese contexto, resulta legítima la aspiración de una nueva generación de antiguos miembros de la Resistencia de constituirse en un partido político.
Esa es solo una de las numerosas deudas pendientes. Aunque nadie puede prever cómo será la transición del actual régimen hacia un sistema democrático, resulta indiscutible el derecho de estos ciudadanos a participar activamente en la reconstrucción institucional del país y a organizarse políticamente para defender sus ideales.
Junto a este importante sector de los llamados “Paladines de la Libertad” convergen también otros movimientos como Fuerzas Unidas por la Libertad de Nicaragua (FULN), la Resistencia Indígena Nicaragüense del Atlántico (RINA), las Fuerzas de Defensa del Pueblo, surgidas tras la insurrección cívica de 2018, y la Juventud Unida por la Libertad de Nicaragua (JULN). Todas representan esfuerzos encaminados a recuperar la democracia.
Son hombres y mujeres sencillos y trabajadores, forjados en décadas de incertidumbre y sacrificio. Su origen humilde nunca ha sido sinónimo de inferioridad, sino de compromiso con una causa que consideraron superior a sus intereses personales.
Gracias a esa resistencia política y militar fue posible abrir un período de transición que, pese a sus contradicciones y chantajes, permitió disfrutar de casi diecisiete años de libertades públicas y estabilidad relativa. De cara al futuro, Nicaragua necesitará consolidar un auténtico Estado de Derecho. En esa tarea, la experiencia, la participación y el compromiso democrático de esta generación de patriotas seguirán siendo un activo invaluable para la reconstrucción nacional.
