El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó a ocho fiscales del Ministerio Público (MP), entre ellos Cinthia Monterroso Gómez, Noé Nehemías Rivera Vásquez y Óscar Sagastume Álvarez, según confirmaron fuentes de la institución.
Las remociones alcanzan a funcionarios que desempeñaron papeles relevantes durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras y que estuvieron involucrados en investigaciones que generaron fuerte controversia dentro y fuera del país.
Uno de los nombres más conocidos es el de Cinthia Monterroso, quien dirigió procesos judiciales relacionados con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador y presidente de elPeriódico. El caso provocó cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales que consideraron la investigación como una amenaza a la libertad de prensa.
Monterroso también participó en procesos contra abogados vinculados a la defensa de Zamora y en investigaciones dirigidas contra exfiscales anticorrupción que trabajaron junto a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La exfiscal cobró además notoriedad por su participación en las diligencias relacionadas con el Movimiento Semilla, agrupación política del presidente Bernardo Arévalo. El mandatario llegó a señalarla públicamente de formar parte de un supuesto intento de desestabilización institucional junto al juez Fredy Orellana, la entonces fiscal general Consuelo Porras y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche.
Tanto Monterroso como Porras, Orellana y Curruchiche fueron incluidos en listas de sanciones de Estados Unidos por supuestos actos que, según Washington, afectaron la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
Entre los funcionarios destituidos también figura Marilyn Solange Castillo Castillo, quien dirigió investigaciones vinculadas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado por el Tribunal Supremo Electoral. Durante su gestión impulsó órdenes de captura y coordinó operativos relacionados con ese expediente.
Las decisiones adoptadas por García Luna representan uno de los primeros movimientos de reestructuración dentro del Ministerio Público y afectan a fiscales identificados por diversos sectores como cercanos a la administración de Consuelo Porras.
En el caso de Monterroso, además de las sanciones estadounidenses impuestas en 2023, el Reino Unido la incluyó en abril de 2025 en una lista de funcionarios sancionados por socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
