La embajada de Estados Unidos en Guatemala reconoció la aprobación de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, una normativa que busca fortalecer los controles financieros y combatir actividades ilícitas en el país.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la representación diplomática calificó la decisión como un paso importante en la lucha contra el lavado de dinero y destacó su aporte al fortalecimiento institucional de Guatemala.
“Reconocemos el importante paso que el Congreso de Guatemala ha dado contra el lavado de dinero”, señaló la embajada. Además, afirmó que la nueva legislación demuestra el compromiso del país con el fortalecimiento económico y el Estado de derecho.
La sede diplomática también expresó su expectativa de que la normativa entre en vigor de forma rápida y efectiva. Según indicó, su implementación contribuirá a promover la prosperidad económica y la seguridad tanto de Guatemala como de Estados Unidos.
Norma incorpora controles alineados con estándares internacionales
La ley fue aprobada el 2 de junio por el Congreso de la República con 147 votos a favor. El Organismo Ejecutivo presentó la iniciativa en julio de 2025 como parte de una estrategia para modernizar el marco legal contra los delitos financieros.
La normativa adopta estándares impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve medidas globales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Reconocemos el importante paso que el @CongresoGuate ha dado contra el lavado de dinero. La aprobación de una ley en este ámbito demuestra el compromiso con el fortalecimiento económico y el Estado de derecho en Guatemala al establecer un marco legal que protege a sus ciudadanos… pic.twitter.com/CDvlS81E3D
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) June 3, 2026
Además, amplía el grupo de actividades sujetas a supervisión. Entre ellas figuran la compraventa de vehículos e inmuebles, las loterías y los proveedores de servicios relacionados con activos virtuales o criptomonedas.
Nuevas obligaciones para profesionales y empresas
La legislación también establece obligaciones para abogados, auditores y economistas. Estos profesionales deberán reportar determinada información para evitar el uso de testaferros en operaciones ilícitas, manteniendo al mismo tiempo la protección del secreto profesional.
Asimismo, las entidades sujetas a control deberán conservar documentación relacionada con clientes y transacciones durante varios años.
Por otra parte, toda persona que transporte efectivo o documentos negociables por un valor igual o superior a $10,000 al ingresar o salir del país deberá declararlo ante las autoridades.
Sanciones más severas y vigilancia reforzada
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) continuará como la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la ley y de recibir reportes sobre operaciones sospechosas.
La normativa contempla penas de entre 6 y 20 años de prisión para quienes sean condenados por lavado de dinero. Además, prevé multas económicas y sanciones adicionales cuando participen funcionarios públicos o empresas utilizadas para actividades ilícitas.
También fortalece los controles sobre personas expuestas políticamente y sus familiares cercanos. De igual forma, exige a las instituciones financieras verificar de manera permanente listas internacionales de sanciones vinculadas al terrorismo.
Las autoridades consideran que la identificación de beneficiarios finales y la incorporación de controles sobre activos virtuales permitirán reducir espacios para la corrupción, la evasión y las estructuras financieras opacas.
