Dos influyentes senadores demócratas de Estados Unidos solicitaron al Departamento del Tesoro suspender de inmediato la compra de oro procedente de Nicaragua, al considerar que estas operaciones terminan financiando a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a redes criminales equiparables a las que operan en Colombia.
En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, los legisladores Ron Wyden y Elizabeth Warren advirtieron que resulta “absurdo” que el propio Gobierno estadounidense sancione a actores vinculados al comercio ilícito de oro mientras, por otra vía, continúa comprando ese mismo metal a través de la Casa de la Moneda.
Según los senadores, la adquisición de oro extranjero —incluido el nicaragüense— por parte de la United States Mint estaría “oxigenando” financieramente a estructuras que sostienen regímenes autoritarios y organizaciones del crimen organizado.
Señalamientos al modelo extractivo del régimen
La misiva subraya que, en el caso de Nicaragua, los ingresos provenientes de la minería aurífera se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del aparato político de Ortega y Murillo.
“Los beneficios derivados de la minería de oro constituyen una de las principales fuentes de financiación de la represiva dictadura”, señalan los senadores, quienes vinculan este esquema a prácticas de confiscación de inversiones extranjeras y control estatal del sector.
Además, recuerdan que la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Tesoro, sancionó en abril de 2026 a funcionarios y empresas vinculadas al negocio del oro en Nicaragua, incluyendo a familiares del círculo presidencial.
Para los legisladores, esta contradicción debilita la política exterior estadounidense y favorece indirectamente a estructuras que, aseguran, funcionan con lógicas similares a redes criminales como el Clan del Golfo en Colombia.
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Riesgos en la cadena de suministro
Wyden y Warren también alertaron sobre la falta de controles en la cadena de suministro del oro adquirido por el Tesoro, señalando que el metal puede mezclarse con producción ilícita proveniente de zonas controladas por organizaciones criminales en América Latina.
Citan investigaciones periodísticas que documentan cómo el oro de países como Nicaragua, Colombia y Venezuela puede estar vinculado a grupos armados, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
En ese contexto, los senadores pidieron una auditoría integral sobre el origen del oro utilizado por la Casa de la Moneda, así como la publicación de sus resultados y la adopción de mecanismos más estrictos de trazabilidad.
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Presión para cortar financiamiento
Los legisladores fueron más allá y exigieron el cese inmediato de las compras de oro extranjero que no cumpla con estándares claros de legalidad y transparencia.
También recordaron que la legislación estadounidense establece que el oro utilizado para acuñar monedas debería ser de origen nacional, lo que refuerza su argumento para suspender importaciones de países con altos riesgos de ilegalidad.
La advertencia llega en un momento en que el oro se ha consolidado como el principal producto de exportación de Nicaragua, impulsado por precios internacionales récord y una expansión de la minería artesanal, cuyo origen resulta más difícil de rastrear.
Para Wyden y Warren, continuar comprando este recurso no solo contradice las sanciones impuestas por Washington, sino que contribuye a sostener financieramente a regímenes autoritarios en la región.
