La relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero, denunció que en Nicaragua persiste una “absoluta impunidad” por los crímenes cometidos durante la represión de las protestas de abril de 2018.
La experta, de origen colombiana, señaló que, a ocho años de esos hechos, no existen investigaciones independientes ni procesos judiciales contra altos mandos responsables de ejecuciones extrajudiciales.
“No hay una búsqueda de justicia por las cientos de personas que murieron, que fueron asesinadas por el Estado de Nicaragua en ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas sociales de 2018. Al día de hoy, vemos una impunidad estructural que se manifiesta en la ausencia total de investigaciones independientes sobre los crímenes cometidos por agentes estatales y por grupos parapoliciales”, afirmó en una entrevista con el diario nicaragüense La Prensa.
Romero advirtió que el Estado ha consolidado un sistema que limita las libertades fundamentales mediante persecución institucionalizada contra ciudadanos y organizaciones.
Asimismo, denunció que no se han abierto procesos penales contra altos funcionarios y que leyes de amnistía han sido utilizadas para proteger a los responsables.
“El régimen pasó del uso de la fuerza letal en las calles a la muerte civil institucionalizada con el cierre de las organizaciones de la sociedad civil y la persecución de cualquier tipo de colectivo (…) el ejercicio de la protesta social, pues está casi anulado”, expresó.
La relatora indicó que el cierre masivo de organizaciones civiles, universidades, iglesias y grupos comunitarios ha reducido al mínimo el espacio cívico en el país.
Datos de organismos internacionales señalan que más de 5,400 organizaciones han sido canceladas entre 2018 y 2024, afectando a distintos sectores sociales.
Además, alertó que la represión se ha extendido fuera del territorio nicaragüense, afectando a exiliados mediante amenazas, vigilancia y acciones contra sus familias.
“Se silencian las voces de las personas que están en el exilio porque se amenaza la integridad, la vida y las condiciones de vida de las familias que todavía están en el territorio”, denunció.
Romero también criticó la falta de acciones contundentes por parte de la comunidad internacional para presionar al Gobierno nicaragüense.
“La comunidad internacional ha fallado en su labor (…) ha tenido poquísima capacidad para sancionar de forma real a Nicaragua y hacer que se genere un cambio democrático en el país”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que el miedo y la represión han reducido las denuncias de violaciones a derechos humanos, dificultando la documentación de los casos.
